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JORGE ROJAS HERNÁNDEZ

Vigilancia medioambiental

11/nov/09 07:26
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A MENUDO le viene a uno la idea de escribir un artículo sobre un asunto determinado. Se nos ocurre porque en nuestro diario caminar por la ciudad vemos algo que nos llama la atención, o leemos en los periódicos una noticia que nos sorprende, o un amigo nos dice que escribamos sobre un tema que a él le parece interesante, etc., pero cuando uno se sienta ante el ordenador y pretende convertir en palabras las ideas que el asunto en cuestión nos plantea son éstas tantas que no sabemos cómo empezar. Basta como ejemplo la que nos está cayendo con la malhadada crisis, pues no hay medio de comunicación que diariamente, bajo la firma de sesudos analistas económicos o políticos, no nos ofrezca sus opiniones sobre sus causas y, lo peor, sus soluciones. La culpa de todo -siempre se busca al más fuerte para endosarle nuestras carencias- la tiene Estados Unidos -el "Imperio", diría Hugo Chávez-, pero soslayamos un hecho incontrovertible: muchos países europeos, con economías hasta hace poco tiempo similares a la nuestra, "gozan" de un índice de paro menor y el consumo tampoco ha descendido como en España. Otros, sin embargo, culpan a la burbuja inmobiliaria de la debacle que estamos atravesando, y los hay aún más osados que no tienen recato en endosarle el muerto a la corrupción política. En fin, que para gustos hay colores, de modo que, como antes he dicho, cuando el articulista se enfrenta al tema que ha elegido duda mucho ante los variados caminos que se le ofrecen.

Sirve lo anterior para abordar el asunto que da título a este artículo, la vigilancia medioambiental, pues no creo que haya otro en la actualidad que genere más controversias y comentarios en los medios de comunicación. Porque si cuando éramos jóvenes se decía que vivíamos mediatizados por las ideas religiosas, hemos de reconocer que son ahora las medioambientales las que condicionan nuestra vida -y la de los demás-. Para construir una obra de cualquier tipo, trazar una nueva línea férrea, modificar el curso de un arroyuelo de escasa importancia, erradicar una especie dañina para el entorno o levantar una estructura metálica que mejore la telefonía, aunque todas ellas tengan como único objetivo mejorar la convivencia y el bienestar de los ciudadanos, precisan un informe sobre lo que suele llamarse impacto medioambiental. El problema de este informe, en muchos casos absolutamente necesario, radica en que se cortan todas las iniciativas por el mismo rasero y se ponen un sinnúmero de trabas y cortapisas a proyectos que no las merecen.

Lo han dicho a estas alturas tantos articulistas que mi opinión no va a ser la gota que derrame el vaso, pero no me resisto a manifestarla: no concibo cómo es posible que el criterio de un insignificante número de tinerfeños obligue a suspender una obra tan vital para la isla como es el puerto de Granadilla. Del mismo modo, no acierto a entender las razones que obligan a interrumpir el trazado del llamado anillo insular. Que conste que con ello no critico la acción de la justicia, pues esta debe defendernos a todos y darle la razón a quien se siente perjudicado. Sin embargo, aun sabiendo que lo que pido es absurdo pues no hay medios que lo permitan, también sé que los "gabinetes de crisis" están establecidos para abordar situaciones imprevistas, y me parece a mí que el sistema judicial también debería de contemplarlos. Sobre todo cuando los perjuicios económicos que ocasiona la tardanza en resolver los mencionados expedientes -y muchos otros- podrían verse sensiblemente disminuidos si la sentencia de los tribunales se conociera en un plazo prudencial; al menos así los empresarios, los que aún -¡qué osadía!- quieren generar riqueza invirtiendo, podrían derivar sus capitales, si las sentencias son desfavorables a sus intereses, hacia otras latitudes donde los inconvenientes sean menores y mayores las facilidades.

Y mientras tanto los vigilantes del medio ambiente pasan de largo ante casos que sí violan de manera flagrante lo establecido para proteger el entorno donde vivimos. No protestan con la misma virulencia por la matanza de innumerables especies animales, ni por las emanaciones tóxicas de muchas instalaciones fabriles, ni por la destrucción de la selva amazónica, ni por la contaminación de los ríos, etc. Ahora bien, sí aparecen cuando los obreros que construyen un edificio cortan con la radial las piezas de pavimento cerámico que están colocando -generan mucho polvo, dicen-; o cuando un mecánico no lleva al punto limpio correspondiente el aceite usado de los vehículos que revisa; o cuando en un centro de trabajo no existen recipientes para depositar las pilas agotadas; o cuando en un establecimiento de cierta importancia no se prevén contenedores para las diferentes clases de basura; etc. En definitiva, un mundo de locos donde se vigila con excesivo celo -que es bueno hacerlo, pero en la justa medida- lo menos dañino y se hace la vista gorda ante lo que en verdad está deteriorando nuestro planeta.

Lo triste de todo esto es que, debido a la falta de medios que soporta la Justicia para acelerar sus decisiones y sentencias, cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar lo que le venga en gana. Puede ser que al final del proceso le toque pagar las costas, pero en muchos casos el daño económico que ha hecho a la comunidad es muy superior a aquellas. Igual que los pueblos guardan memoria de sus hijos ilustres, ¡qué pena no disponer de un registro que recuerde a quienes han hecho del "no a todo" su bandera!

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