Tres imputados por el incendio

EL INCENDIO DE AGOSTO fue el más virulento que se recuerda en la Isla, con cientos de propiedades destruidas./ M.CH.

M. CHACÓN, Villa de Mazo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Santa Cruz de La Palma anunció ayer la imputación de tres personas como presuntos responsables del incendio que arrasó el Sur de la Isla en los primeros días del mes de agosto: Antonio Isidro Goya, José Javier Fernández Pérez y Rosa Carmina Concepción Herrera, tres vecinos del barrio de Tigalate, en Mazo, relacionados con la comisión organizadora de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán.

Los acusados prestaron declaración el pasado lunes en relación con el siniestro forestal. Tras escucharlos, la jueza Oscarina Naranjo decidió imputarles un supuesto delito de "incendio forestal cometido por imprudencia", según informó ayer la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Asimismo, el juzgado desvela que, tal y como confirmó la investigación realizada por la Policía Judicial y por el Seprona, "la causa del incendio fueron unos voladores encendidos entre las 22:00 y las 23:00 horas del 31 de julio de 2009 en las fiestas de Tigalate".

Así se recoge en las actuaciones judiciales que desde el pasado 19 de octubre no estaban bajo secreto sumarial, una orden que emitió la jueza con la intención de poder seguir con el procedimiento de citaciones e interrogatorios, una vez que se cerró la investigación de los agentes de la Guardia Civil. Las conclusiones del informe policial incluido en el sumario que instruye Oscarina Naranjo, podrán ser consultadas por todos los que se personen en el procedimiento como afectados por el incendio.

Un solo punto de partida.- EL DÍA pudo confirmar por varias fuentes vinculadas a la investigación y a la causa abierta en el juzgado que los agentes (una decena de la Policía Judicial y del Seprona) situaron el origen del fuego en un punto concreto localizado a poca distancia de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en el barrio de Tigalate de la Villa de Mazo.

Originalmente surgió un único foco de llamas que se extendieron con gran velocidad y virulencia, por la influencia del viento reinante, con más de 70 kilómetros por hora desde primeras horas de la noche, generando otros focos secundarios vinculados al primero que crearon un gran frente de fuego que avanzó en dirección Sur. Así, se descarta la teoría de que existiesen varios focos iniciales, desvinculados entre sí, que generaron el gran incendio.

Se trató, por tanto, según recoge la investigación, de una sola causa y un solo punto de partida, en donde cayó uno de los cohetes lanzados desde la fiesta. Algunos voladores se lanzaron durante la tarde (el programa de actos de la Fiesta de Santo Domingo de Guzmán recoge la programación de voladores para las 18:00 horas), pero también hubo más fuegos artificiales posteriores, ya por la noche, con la continuación de la fiesta.

Al respecto, se citan multitud de testigos que han sido consultados e interrogados por los agentes de la Policía Judicial y del Seprona, así como varias pruebas documentales sobre el momento en el que se iniciaron las llamas, como pueden ser varios vídeos de aficionados que situaron el comienzo y el punto exacto en el que se originó el fuego.

Personarse en la causa.- Tras levantarse el secreto sumarial del incendio, el juzgado ha señalado a los supuestos responsables directos del siniestro y sus consecuencias materiales. En el informe policial ya se recogían presuntas implicaciones directas o indirectas, por acción vinculada a las causas del fuego, negligencias u omisión de responsabilidades. Por ahora se desconoce el alcance de las acusaciones que realiza la jueza en las diligencias previas.

Por otra parte, desde las dependencias judiciales que instruyen el caso se abrirá la posibilidad de que todos los afectados por el incendio, sean particulares o colectivos, se personen como interesados en la causa en la que se determinarán las consecuencias penales del supuesto delito de imprudencia que provocó el fuego.

Por otra parte, la instrucción judicial deberá definir si existe algún tipo de responsabilidad patrimonial sobre cientos de propiedades privadas dañadas: viviendas, cultivos, empresas, vehículos... y miles de personas evacuadas (4.000 vecinos, según los datos que se manejaron durante el siniestro forestal) que padecieron las consecuencias del incendio.