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El Gobierno busca un "atajo legal" para salvar el escollo de los somalíes detenidos

La defensa de los presuntos piratas sugiere que sólo sean considerados como cómplices del secuestro y plantea que se les aplique la Ley de Extranjería, con lo cual se resolvería la expulsión a su país en tres días. PP, IU y PNV apoyan al Ejecutivo en el Congreso para lograr la liberación de los rehenes del "Alakrana".
11/nov/09 07:26
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FAMILIARES de los marineros secuestrados a su llegada al palacio de la Moncloa, en la tarde de ayer./ EFE
FAMILIARES de los marineros secuestrados a su llegada al palacio de la Moncloa, en la tarde de ayer./ EFE

AGENCIAS, Madrid

El Gobierno ha intensificado las gestiones y las "consultas internas" para salvar el escollo que para la resolución del secuestro del atunero "Alakrana" supone la presencia en España de dos de los piratas, cuya defensa propuso ayer que se les aplique la Ley de Extranjería y se les expulse a Somalia.

Los familiares de los marineros fueron informados de la situación procesal de los dos detenidos y de las gestiones del Ejecutivo para liberar a la tripulación del atunero en sendas reuniones mantenidas con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y con el del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al término de las cuales declinaron hacer declaraciones.

Ese mutismo, que contrasta con la actitud que mantenían hasta ahora, unido a los llamamientos a la discreción y la prudencia hechos por Zapatero y otros miembros del Ejecutivo central, puede ser interpretado como una señal de que se está ultimando la salida jurídica que permita satisfacer la demanda de los piratas de que España devuelva a sus dos compañeros.

La solución podría ser la apuntada por el abogado de uno de ellos, Francisco Javier Díaz Aparicio, que pidió que se aplique el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería -previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión- y el juez acuerde la expulsión de su representado y del compañero de éste en un plazo máximo de tres días.

Consciente de que los delitos de los que se acusa a los dos somalíes -asociación ilícita, detención ilegal y uso de armas- llevan aparejadas penas muy superiores, el letrado, que representa al joven "Abdu Willy", sugirió que sean considerados cómplices y no autores de los mismos, lo que implicaría un castigo más leve.

Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional creen poco factible esta salida, especialmente si no recibe el apoyo de la Fiscalía, que ayer evitó comprometerse con Díaz Aparicio, quien interpreta que el fiscal de la Audiencia "no tiene capacidad de decisión y espera las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia".

Sea o no ésta la solución en la que trabaja el Gobierno, lo cierto es que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tuvo que negar públicamente que el Ejecutivo haya encargado a Díaz Aparicio la defensa de "Abdu Willy" en sustitución del abogado de oficio que le representaba hasta ahora.

También el letrado fue interrogado sobre esta cuestión y declinó responderla tras decir que entendía "el interés informativo" de la misma.

Moratinos, que compareció ante los medios tras una nueva reunión de la Comisión de Coordinación de seguimiento sobre el secuestro, anunció que el Gobierno somalí se ha comprometido "a redoblar" sus esfuerzos para lograr la liberación de la tripulación del pesquero, de la que dijo que se encuentra "bien".

Antes de la reunión, la ministra de Defensa, Carme Chacón, había insistido en que el Gobierno y cientos de funcionarios civiles y militares están redoblando esfuerzos "dentro del margen" de las leyes para conseguir "cuanto antes" la liberación del "Alakrana".

Tampoco dio pistas sobre la posible solución el titular de Justicia, Francisco Caamaño, que pidió "no tratar de ventilar con altavoces cómo organismos independientes del Estado van a aplicar las leyes", en referencia a la salida jurídica que la Audiencia Nacional vaya a dar al caso.

Mientras, en la tarde de ayer, el Gobierno recabó en el Pleno del Congreso el apoyo del PP, del PNV y de Izquierda Unida para lograr la liberación de los marineros. Así, la portavoz de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, garantizó que su partido actuará "con la máxima responsabilidad y la máxima prudencia" en el objetivo de devolver a su familia y a sus tierras a los tripulantes del atunero, mientras que la portavoz parlamentaria de los populares, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó que "ese respaldo hace que el Ejecutivo tenga un plus de responsabilidad".

También el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, quiso expresar su apoyo al Gobierno en las gestiones que está realizando, dejando claro que éste no conlleva "ninguna crítica a la acción del Gobierno ni amenazas de críticas futuras".

Por su parte, el nacionalista José Ramón Beloki dijo que el respaldo del PNV es un "apoyo exigente" pues reclama "un Gobierno resuelto, con ideas meridianamente claras, que no se deje enredar por nada y por nadie, y que no ahorre un solo esfuerzo" para lograr la liberación de los marineros.

Por último, el Ministerio de Defensa reveló ayer que tiene previsto enviar en los próximos días a las Islas Seychelles a un primer grupo de agentes de seguridad privada formados para proteger a los atuneros españoles que faenan en aguas del Océano Indico próximas a Somalia. Se trata de los primeros efectivos de seguridad privada que prestarán protección a atuneros de pabellón español en la zona.

De hecho, 71 agentes ya están recibiendo durante esta semana un curso de formación en Cartagena (Murcia) impartido con apoyo de las Fuerzas Armadas, según informaron fuentes del departamento que dirige Carme Chacón.

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