El PSPV se querella contra Camps por siete delitos dentro de la "trama Gürtel"

EL PRESIDENTE de la comunidad valenciana, ayer en la visita a un centro de formación para desempleados./ EFE

AGENCIAS, Valencia

El PSPV ha presentado ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una querella por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra 17 personas, entre ellas el presidente valenciano, Francisco Camps; el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y los considerados principales responsables de la "trama Gürtel" en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes".

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, aseguró ayer en rueda de prensa que las investigaciones derivadas de esta actuación permitirán probar la "vinculación estrecha" de la dirección del PPCV y de los máximos responsables del Consell con una "gigantesca trama de corrupción" de carácter "internacional".

En la querella figuran diversos empresarios de la construcción y se completa con el vicesecretario de Organización y la tesorera del PPCV, David Sierra y Yolanda García, respectivamente; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero, y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.

Según consta en el documento, el Gobierno valenciano ha adjudicado en varios años un total de 1.036.562.057 euros en contratos a cinco constructoras que supuestamente sufragaron actos del PPCV, "en compensación a los favores realizados". El grupo Sedesa, cuyo presidente es sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue la que más contratos públicos obtuvo, por un importe de 539.016.098 euros.

Al parecer, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa canalizaba los "pagos en B" a la "trama Gürtel", y que Rambla, controlaba las adjudicaciones a estas empresas.

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, calificó de falsedad el contenido de la querrella y consideró que Luna y el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, "deberían dimitir" por "intentar "criminalizar" al PPCV.