El secretario advirtió de que el pago a la abogada de los concejales era irregular

EL PLENO aprobó el 20 de diciembre de 2007 el uso de 60.000 euros para pagar a abogados externos./ j.f.

J.A. MEDINA, Arona

A las 12:37 minutos del 29 de enero de 2008 la Guardia Civil interceptó una conversación telefónica entre el alcalde de Arona, José Alberto González, y el secretario de la corporación, Cristian Marcelino, en la que éste advierte de que el pago a la letrada María Olga López podría conllevar algún problema. Así consta en la transcripción incluida en el sumario del "caso Arona".

La causa del mismo estaría en que el alcalde le había certificado una factura remitida por la abogada contratada para defender a los concejales imputados en el "caso Arona" por importe de 36.000 euros "hasta sentencia definitiva". Sin embargo, el secretario municipal le transmite a González Reverón que la administración abona por trabajo realizado, no por el que está por concluir. Marcelino propone que la letrada cambie el concepto y considera que con ello podría resolverse el asunto.

Esta conversación se produjo cuando ya los socialistas habían interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario por el que la Corporación aronera contrataba y pagaba a la letrada, si bien los beneficiarios deberán devolver el dinero al consistorio si hubiera sentencia desfavorable a ellos.

Sin embargo, la situación de la que hablaban el alcalde y el secretario no había sido objeto del recurso citado, por lo que José Alberto González le pidió a Cristian Marcelino que no hiciera alusión a este hecho en el informe que habían solicitado los socialistas sobre el mencionado acuerdo plenario. En cualquier caso, el secretario le insiste al alcalde en que "le da miedo de que él (José Alberto González) haya dado el visto bueno a algo que no se ha realizado" y que, además, la interventora "hace la vista gorda y no se entera".

En otro momento de la conversación, Marcelino incide en que alcalde e interventora "corren un pequeño riesgo", si bien es José Alberto González quien responde que "no ve que sea grave". Sin embargo, el secretario le aclara que "el tema ya está bastante conflictivo" y que "no ha comentada nada para que esto no salga a la luz, pero que le da miedo".

La última referencia al asunto en dicha conversación que aparece en la transcripción de la escucha telefónica es del propio Cristian Marcelino, quien concluye que "el único problema que ve es lo de la factura, que le pueden tirar el contencioso por eso. Que es una chorrada, pero que se imagine que le hacen devolver el dinero".

El acuerdo plenario

El Pleno del Ayuntamiento de Arona acordó, en su reunión del 20 de diciembre de 2007, emplear 60.000 euros para pagar la minuta de los abogados Olga López y José Ramón Pitti, encargados de la defensa del alcalde y de los restantes siete concejales que integraban la Junta de Gobierno Local durante el mandato anterior y que están imputados en el sumario del "caso Arona". Este acuerdo fue adoptado con los votos a favor de CC y PP y el pronunciamiento contrario de los socialistas, ausentándose de la votación el alcalde y Manuel Barrios (CAN), únicos imputados presentes en la sesión, así como el portavoz del PSC, Francisco García.

El asunto fue recurrido por los socialistas ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por considerar que se incurre en una irregularidad y porque la contratación también incumplió el procedimiento establecido.