JOSE D. MÉNDEZ, Tenerife
Guillermo Núñez Pérez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Laguna (ULL), fue durante tres años (2003-2006) el "cerebro" del Ayuntamiento de Santa Cruz como independiente en el equipo de Miguel Zerolo. Teniente de alcalde y concejal de Servicios Centrales, además de llevar Economía y Hacienda o Recursos Humanos, será recordado por desarrollar la Ley de Medidas de Modernización para el Gobierno Local o Ley de Grandes Ciudades. Pero también por el "caso IES Hermanos García Cabrera" o por un traslado a Ofra "que los funcionarios nunca me perdonaron".
¿Cuál es su balance de esos tres años? ¿Se arrepiente?
No volvería a hacerlo. No repetiría la experiencia, aunque salí con la conciencia muy tranquila. Aprendí mucho, pero fue una época dura. Primera y última vez.
¿Fracasó en su tarea?
Quedé satisfecho de desarrollar los distritos o el tagoror. No pude lograr la reforma de la organización del personal porque hay vicios adquiridos y formas de trabajar muy difíciles de cambiar. Conseguimos a medias recuperar la gestión de la recaudación con la Ejecutiva, pero faltó la Voluntaria. Me quedo con lo positivo.
¿Acabó dolido?
Me dijeron cosas como que podía ser catedrático de Derecho tributario, pero no tenía ni idea de impuestos. Con el paso del tiempo tengo más distancia, pero en aquel momento me dolió la manera de hacer política de personas como Odalys Padrón, contra la que no tengo nada, pero la veo como el resultado de lo que la política puede llegar a ser.
¿Qué queda de la Ley de Grandes Ciudades?
Quieren recuperar la Comisión de Control y es una necesidad. Costó trabajo instaurar algo nuevo y partimos de cero. Nos habremos equivocado, pero es lógico. El pleno es el órgano máximo de la soberanía vecinal, como un Parlamento; queda para los grandes temas de la ciudad. El resto, la fiscalización y control del equipo de gobierno, la política cotidiana, iría a la Comisión de Control. Pero sin desvirtuarla, con rigor y seriedad desde la oposición. La Junta de Gobierno es el Ejecutivo, aprueba los proyectos de normas que van al pleno. La podrían formar no sólo los concejales sino otras personas elegidas por el alcalde por su capacidad. Y el alcalde, muy en la línea que pretendía Zerolo, sería el máximo representante de la ciudad, un cargo muy institucional.
Han desaparecido más órganos de la Ley...
Si el Consejo Social no funciona es porque la ciudad tiene muy poca conciencia de serlo. El Defensor del Contribuyente se integró en el Tribunal Económico-Administrativo, que hay que publicitar e informar al ciudadano de su carácter gratuito para reclamar. Sugerencias y Reclamaciones no debería ser un mero registro de entrada sino tener operatividad. Guigou puede ser un gran presidente. El tagoror ha perdido periodicidad y sigue sin dotación presupuestaria, además de repetir el esquema del pleno. Recuerdo que el nombre se le debe a Fernando Melero.
Subir impuestos, ¿es de izquierdas o de derechas?
Depende. Hay que hablar sobre situaciones concretas. Por ejemplo, me parece una buena medida la del PP de gravar a las empresas de telefonía móvil.
¿Se arrepiente de haber firmado el contrato de alquiler de los locales del Parque Bulevar?
Lo volvería a hacer en las condiciones de la firma, en 2005. Estábamos en pleno proceso de recuperación de la Recaudación Ejecutiva, ubicada en Ofra, en un sitio que no reunía condiciones y me pareció un buen lugar, en el centro y con una oficina bancaria en la planta baja, ideal para el pago y la domiciliación futura. Eso sí, no me parece bien que hayan estado tanto tiempo sin uso.
¿Y del traslado a Ofra?
Sin perjuicio de la denuncia de Justicia y Sociedad ante la Fiscalía Anticorrupción, que espero se archive, siempre tuve la sensación de que me hacían la cama. Había líderes sindicales que me tenían amargado con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la falta de accesibilidad y mi posible responsabilidad por lo que ocurriera en el edificio de General Antequera. Hubo tres conatos de incendio con intervención de los bomberos. Antonio Bello y yo nos recorrimos la ciudad buscando locales y cuando salió lo de Ofra vi los cielos abiertos. Pensamos que bastaría con una obra menor y un traslado provisional, pero cuando un sector de funcionariado vio que salía me pusieron la cruz. Algo así como si este tío piensa que no vamos a poder pasear o ir de compras a la calle Castillo, las lleva claras. Odalys tomó el tema como bandera en su función de justiciera hasta llegar a acusarme de cambiar un informe jurídico e involucrar al entonces jefe de los servicios jurídicos y actual secretario de la Corporación, lo que niego ahora como antes.
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