Los datos del SITEL no sirven de prueba en un proceso judicial

EL MINISTRO DEL INTERIOR, Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer durante una comparecencia ante la prensa./ EFE

AGENCIAS, Madrid

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez, aseguró ayer que el programa para interceptar comunicaciones SITEL no sirve como prueba en un procedimiento judicial porque podrían invalidar el proceso.

Además, reveló que el funcionamiento del sistema "excede" de la autorización para pinchar teléfonos, ya que incluso revela dónde está la persona, todos sus desplazamientos, el medio de transporte que utiliza y las personas que se encuentran con él.

Martínez precisó que la información obtenida con este sistema se vuelca en un DVD "sin firma digital", sin nadie que certifique el contenido y si alguien lo impugna "no hay manera de probar la autenticidad de la grabación".

A esto añade que los jueces "desconocen" el funcionamiento del sistema y cómo se proporciona información.

No obstante, el fiscal del TSJM califica a SITEL de "buena herramienta de trabajo" con la que se han podido resolver muchos casos, aunque observa que la falta de cobertura legal puede inducir a que se cometan abusos.

Para el fiscal madrileño, la obtención de pruebas a través de este sistema no es un delito, pero se trata de una "ilicitud" desde el punto de vista procesal. Así, aclara que cuando las pruebas son ilícitas "no sirven como tal" y matiza que habría que ver cada asunto "caso por caso" y ver qué parte es la que queda invalidada y cuál no.

El propio Pedro Martínez elevó un informe al Fiscal General del Estado en 2005, cuando era teniente fiscal de la Fiscalía de Madrid, en el que advertía de la falta de cobertura legal para aplicar este sistema. Por ello, propone el desarrollo de una ley orgánica que regule la interceptación de las llamadas de telefonía. Además, recuerda que España ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar el secreto de las comunicaciones. A su juicio, primero habría que hacer un catálogo de delitos en los que se pueda utilizar, ya que "no se puede hacer de forma generalizada como en la actualidad", sino que se debe aplicar a asuntos como el terrorismo, el narcotráfico, crimen organizado y todos los delitos contra la vida.

Por otro lado, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, exigió que este "monstruo" de programa esté bajo el control de los jueces y no del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que le respondió que acuda a los Tribunales si tiene una sola prueba de que el sistema es ilegal.