MIENTRAS la crisis económica sigue golpeando el tejido laboral canario y la indisciplina urbanística sigue campando abiertamente en la mayoría de los municipios de la Islas, la mayor preocupación de algunos colectivos ecologistas sigue centrándose en una pequeña extensión de sebadal marino que, hasta ahora, dificulta jurídicamente la construcción del puerto de Granadilla. Un kilómetro cuadrado que no llega a representar ni el 2% de los sebadales canarios y que, además, se va a repoblar doblemente en el litoral de Santa Cruz.
Con las medidas correctoras introducidas en el proyecto no va a existir daño medioambiental alguno, sino todo lo contrario. El proyecto ha cambiado desde sus inicios hasta convertirse en el puerto español con más medidas de protección medioambiental de la historia.
El ecologismo militante podía enorgullecerse de haber conseguido una victoria por haber logrado que se perfeccionara el puerto de Granadilla hasta niveles medioambientales excelentes. Pero su objetivo sigue siendo que no se construya de ninguna manera, obstruyendo así la posibilidad real de implantar un gran área logístico-industrial en Tenerife, imposible de ubicar en ningún otro lugar de la isla.
Congelada la construcción y la dimensión del sector turístico a través de la moratoria, son las actividades logísticas las que pueden reactivar el empleo en Canarias si creamos auténticos pilares de esta plataforma tricontinental con la que todo el mundo sueña para fortalecer el futuro de Canarias. Bloquear el puerto es paralizar toda la amplia batería de actividades a desarrollar en el Sur tinerfeño y condenarnos a seguir estando a la cabeza del ránking español y europeo de paro.
No podemos pasar del absoluto libertinaje urbanístico que existía en Canarias hace un par de décadas a la absoluta paralización de las iniciativas públicas, las que son de interés general para todos. El Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y los tres grandes partidos políticos que se han ido turnando en el poder de sus instituciones han estado y están a favor del puerto de Granadilla por sus indudables ventajas futuras. Y, sin embargo, la obra, ya adjudicada con una importante subvención de la UE a fondo perdido, sigue paralizada por un recurso judicial que ni siquiera ha llegado a entrar todavía en el fondo auténtico del tema: ¿puede una pequeña parcela de un vegetal que ni está en peligro de extinción ni amenazado condicionar el interés general de los dos millones de canarios?
Ahora asistimos a una tristísima paradoja. Las paralizaciones urbanísticas a promotores privados están dando lugar a indemnizaciones por lucro cesante de cientos de millones de euros en Canarias, con los recursos de todos los canarios. ¿QuiEl Petón y los cartílagos de tiburónn nos indemnizará a todos por el lucro social cesante por el retraso de más de cinco años del puerto de Granadilla? ¿Quién se hace cargo de ese autcntico estropicio?
Es bueno saber que el sebadal canario no es una especie en peligro de extinción ni especialmente amenazada; como tampoco lo es una pradera que pueda ser expropiada para hacer un aeropuerto, un hospital, una escuela o una residencia de ancianos.
Echar abajo un proyecto vital para el desarrollo sostenible de Tenerife y de Canarias es ya más una lucha simbólica que racional, como lo fue la batalla emprendida contra el llamado trazado eléctrico de Vilaflor, que condenó a miles de personas a la radiación eléctrica por evitar el corte de menos de cien pinos. Una lucha a la que se aferran fuerzas políticas extraparlamentarias, empeñadas en atacar el sistema de economía social de mercado por la vía de paralizar todo.
Los grandes partidos debieran hacer, de nuevo, una demostración de unidad a favor del puerto de Granadilla en lugar de esconderse por temor al desgaste de las críticas del sector menos responsable del ecologismo. Es el silencio de los partidos y de los hombres públicos lo que da alguna credibilidad, en algunos ambientes, a las acusaciones demagógicas contra el puerto de Granadilla. Fue el silencio ante el trazado de Vilaflor lo que hizo creer a todo el mundo que estábamos ante el mayor atentado ecológico de la historia. Y, sin embargo, la historia recordará que aquella famosa manifestación dio paso a la única solución alternativa, infinitamente peor, que habremos de sufrir durante décadas y décadas.
Un bien público indudable está "en capilla" a la espera de ser ejecutado o "desejecutado" y muerto.
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