ME HAN LLAMADO mucho la atención las declaraciones hechas por los diputados socialistas canarios criticando el hecho de que la partida que más sube en los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias sea la referida a la seguridad ciudadana.
Sé que no me debería asombrar por estas críticas, si tenemos en cuenta que el Ministerio del Interior fue el que más redujo sus inversiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, y ahora es también el departamento que más recorta su oferta de empleo público en más de un cincuenta por ciento.
El Gobierno de Zapatero, y por segundo año consecutivo, vuelve a disminuir esta partida en cerca de un 47 por ciento con respecto al 2009. Como dice mi compañero del Partido Popular y portavoz del PP en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Ignacio Cosidó, "la izquierda nunca ha asumido la seguridad como un valor esencial para la convivencia".
En cambio, para el Partido Popular la seguridad es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los españoles, y por ende, la primera obligación de un Estado democrático es garantizarla. Creemos que la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el territorio nacional es señal de libertad y protección para todos.
La aplicación de leyes actualizadas y eficaces, junto con la acción del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, son los instrumentos a través de los cuales el Estado de Derecho puede garantizar esta seguridad. Por tanto, su potenciación y modernización son vitales para que ejerzan su cometido en las mejores condiciones posibles.
En un momento en que la seguridad ciudadana se está deteriorando gravemente, en parte como consecuencia de las situaciones de marginalidad que está generando la crisis económica, es irresponsable reducir de forma tan drástica la capacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Recortar el apoyo económico en este sentido significa reducir nuestra calidad de vida, renunciar a una de las garantías de convivencia de la que nos hemos dotado. Es más, considero que todos debemos apretarnos el cinturón en estos momentos pero no a cualquier precio. Y nosotros ya hemos pagado el nuestro, ya que en los PGE de 2010 no hay ni un solo euro para el Plan Integral de Seguridad de Canarias.
Somos frontera sur de la Unión Europea, región ultraperiférica, un archipiélago que por sus particularidades sirve como puente de culturas. Recibimos millones de turistas y también hemos sufrido el fenómeno de la inmigración irregular. Ante esto, y en un mundo que tiende inexorablemente a la globalización, la seguridad es un bien preciado por el que todos debemos velar.
Las críticas no las hace sólo el PP. Hay que tirar de hemeroteca y rescatar las palabras del secretario general del Sindicato Unificado de Policía, SUP, José Manuel Sánchez, quien aseguró en un medio de comunicación que la valoración que hace del Gobierno de Zapatero en materia de seguridad pública es "un cero, un suspenso rotundo".
También se oye la voz de la Confederación Española de Policía (CEP) que ha sido muy crítica con la gestión realizada por el ministro Rubalcaba y ha revelado las carencias materiales y la escasez de medios que sufren en muchas comunidades autónomas, también en Canarias.
Les recuerdo que cuando gobernaba el Partido Popular fue cuando se incrementó la oferta de plazas y se dotaron con los medios necesarios. Durante los gobiernos del PSOE fue cuando, o no se convocaban, o eran tan escasas que no cubrían las jubilaciones y los pasos a segunda actividad. Un detalle, en 1988 se convocaron 0 plazas. Durante la era de Felipe González, 14 años, sacaron a la calle 9.500 policías, el Gobierno Popular en 8 años alcanzó los 22.037 efectivos.
Y ahora, en la oposición seguimos trabajando por atender las demandas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El PP ya ha presentado en el Congreso un conjunto de enmiendas a los PGE de 2010 para incrementar la inversión en el Ministerio de Interior con el objetivo de modernizar el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
Destaca la propuesta de que los salarios de los guardias civiles y policías nacionales se equiparen con los de las policías autonómicas en un plazo de cinco años y aumentar las partidas para mejorar la seguridad de los acuartelamientos de la Guardia Civil y las comisarías de Policía, así como las destinadas a renovar la flota de vehículos y la mejora de instalaciones.
Al igual que ha pasado con las familias y las pymes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son también víctimas de la incompetencia de Zapatero y su intención es clara: retrasar los compromisos adquiridos y llevarlos al horizonte de 2011 para seguir vendiendo humo en época electoral. Mientras, tenemos la esperanza de regresar al camino de la seguridad en un país cansado de tantas promesas incumplidas.
* Presidenta del PP de Tenerife
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