La crisis del "Alakrana"

A LOS ESCÁNDALOS de corrupción y las querellas intestinas en el seno del PP de Madrid, ha venido esta semana a añadirse la crisis del barco atunero "Alakrana", que lleva secuestrado junto a su treintena larga de tripulantes más de un mes, y los secuestradores parecen estar dispuestos a sacrificar a sus rehenes si las sutoridades españolas no devuelven a dos de los piratas a Somalia. Estas líneas se escriben cuando la tensión se encuentra en su apogeo: tres de los pescadores secuestrados han sido sacados del barco y enviados a tierra firme, sin que se sepa a ciencia cierta dónde; existe el temor de que los piratas los entreguen a los familiares de los somalíes detenidos en España, lo que alimenta la hipótesis de que irían a una muerte cierta.

Las primeras noticias de esta crisis llegaron a España gracias a una conversación por teléfono móvil entre uno de los rehenes y su mujer, en la que aquél encarecía a su esposa que se pusiera en contacto con los medios de comunicación y organizase el máximo ruido mediático posible, con objeto de forzar al Gobierno a poner en libertad a los piratas detenidos. La situación, en el momento de escribirse esto, es dramática, y cabe la posibilidad de que ya haya ocurrido algo irremediable cuando el lector tenga el periódico en sus manos.

Sin solución

La ministra de Defensa, Carme Chacón, compareció ante los periodistas para decir que el Gobierno tiene conocimiento del lugar a donde han sido llevados los tres tripulantes del "Alakrana", que todos los rehenes están bien, y que hará todo lo posible para llevar a feliz término una negociación con los piratas. Pero los familiares de los rehenes sostienen que decir lo que ha dicho la ministra y no decir nada es lo mismo, y que tienen la convicción de que el Gobierno les está mintiendo como viene haciendo desde que el barco atunero fue secuestrado, pues los rehenes no están bien, sino que tienen grave escasez de agua potable, se encuentran hacinados en condiciones higiénicas deplorables, y de los tres apartados se ignora por completo su paradero.

En realidad, es muy poco lo que el Gobierno puede hacer; los piratas detenidos, que fueron traídos a España, están a disposición judicial, y no se ve otro modo de que vuelvan a Somalia más que si el juez los pone en libertad sin cargos. Pero una cosa así significaría el desmoronamiento de todo indicio de organización civilizada del Estado español; y, por otra parte, si los somalíes no son liberados inmediatamente, la amenaza de que los rehenes sean asesinados de tres en tres parece que puede convertirse en trágica realidad en cualquier momento. Estamos, pues, en un punto muerto sin solución aparente posible.

Ahora se aprecia con todo su dramatismo la imprudencia enorme que se cometió con la detención de esos dos piratas en el Índico y su traslado a España, sin calibrar las consecuencias que eso iba a acarrear. Es posible que emisarios del Estado traten de ponerse en contacto con los secuestradores en la remota esperanza de poder liberar a los rehenes mediante dinero y algunas promesas de próximo regreso a Somalia de los detenidos. Pero si eso sucede sólo nos enteraremos por sus resultados, porque las autoridades habrán de mantener silencio sobre sus gestiones, y negar cualquier clase de claudicación a las exigencias de rescate. En resumen, estamos ante un asunto que sólo puede tener un desenlace gravemente negativo, sea el que sea.

Cierre en falso

Por lo demás, los casos de corrupción siguen alimentando las páginas de los periódicos y los informativos de las radios y las televisiones. En el "caso Palau", los investigadores afirman que el desfalco producido por Félix Millet y sus cómplices asciende por lo menos a 31 millones de euros (más de cinco mil millones de pesetas); a la "operación Pretoria" de presunta corrupción de cargos municipales socialistas de Santa Coloma de Gramanet y ex dirigentes autonómicos catalanes socialistas y convergentes, se añade ahora otro caso semejante en el Ayuntamiento de San Andrés de Llavaneres.

En cuanto al "caso Gürtel", continúa el secreto de dos tercios de un sumario que tiene ya, al parecer, más de treinta mil folios, y que ya ha forzado la destitución de todos sus cargos políticos y partidarios al secretario general del PP de la Comunidad valenciana, Ricardo Costa, que por su parte sigue proclamando su completa inocencia y recordando que contra él no pesa ningún cargo. Todo parece indicar que Costa ha sido el chivo expiatorio en este asunto, que no por esta medida ha dejado de gravitar sobre el conjunto del Partido Popular. Además, el hecho de que permanezcan dos tercios del sumario bajo secreto hace inevitable que cunda todo tipo de rumores sobre futuras revelaciones que podrían las cosas aún más difíciles a Rajoy y los suyos. Evidentemente, es prematuro hacer conjeturas sobre estos extremos; pero cuando no hay información, el rumor es imparable.

Queda, además, otro conflicto, que es el enfrentamiento entre el alcalde de Madrid, Ruiz-Gallardón, y la presidente de la Comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, por controlar la sucesión de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. El Comité Ejecutivo Nacional del PP se reunió el martes y, aparentemente, se cerró el caso con la aceptación de la candidatura de Rodrigo Rato por Aguirre y la retirada por parte de Ruiz-Gallardón del recurso que tenía paralizada la elección de nuevo presidente de la Caja. En cuanto a la denuncia de Aguirre contra el vicealcalde Manuel Cobo por sus declaraciones injuriosas en el diario "El País", se ha suspendido de militancia a Cobo; pero cada día que pasa se ve con más claridad que el asunto se ha cerrado en falso, pues éste mantiene todos sus cargos políticos municipales, incluido el de portavoz del Grupo Popular, con lo que su suspensión de militancia se reduce, en realidad, a que ha sido exonerado de pagar las cuotas durante los cuatro meses de suspensión. Ciertamente, no puede decirse que el castigo sea precisamente ejemplar ni disuasorio.