E. PRESS, Madrid
El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, recordó ayer que la Unión Europea no puede imponer a España que sea legal cortar internet sin orden judicial, ya que son los parlamentos de cada país los que deben decidir "cuál es el instrumento más adecuado" para conciliar los derechos de privacidad y de autor.
El máximo responsable de protección de datos de España respondía a la decisión acordada anteayer por la Unión Europea, según la cual las autoridades administrativas de los Estados miembros pueden cortar el acceso a internet sin orden judicial previa a los usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor. En España, la legislación exige una autorización previa, pero el Gobierno estudia cambiar la normativa.
En el marco de la 31 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que se celebra en Madrid, Rallo indicó durante una rueda de prensa que la AEPD "ni es ni deja de ser partidaria" de la medida aprobada por la UE, pero insistió en que "la búsqueda" de la conciliación entre los derechos de autor y los de privacidad se tiene que hacer "a través de la ley".
"En defecto de una ley, el marco legal español no habilita para medidas intrusivas", recordó Rallo. Además, indicó que la AEPD lleva tiempo pidiendo que se cree una ley "clara" para regular este tema, y abogó por que esta futura normativa sea "lo más proporcionada a los fines que se buscan" y "lo menos intrusiva posible".
Control a los menores
Preguntado por la negativa de algunas redes sociales a poner controles para que los menores no puedan acceder a ellas, indicó que las autoridades de protección de datos han mostrado en el congreso su "extrema preocupación" por este tema, y recordó a los responsables de Facebook y de otras redes sociales que, a su juicio, "siguen sin tomarse en serio sus obligaciones" con los menores, y que los servicios de internet que ofrecen "no son inamovibles". Indicó que la agencia está en conversaciones con las redes sociales que tienen presencia en España para que corrijan sus normas de acceso a menores, pero advirtió de que, si las redes sociales no ceden, la AEPD está facultada para imponer sanciones de entre 600 y 600.000 euros, e incluso "la inmovilización de archivos", aunque afirmó que esta última medida todavía "no está en sus previsiones".
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