Gobierno y oposición convierten en un baile de cifras el debate de la auditoría

EL GOBIERNO DE CC Y PP y la oposición socialista evidenciaron sus profundas diferencias políticas./ R.BARRETO

R. BARRETO, Pto. de la Cruz

El gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular y la oposición socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz convirtieron ayer el debate sobre el informe de la auditoría externa encargada por la anterior administración, presidida por Lola Padrón en la que se analiza la situación económica y financiera local de 2006 y parte de 2007, en un auténtico baile de cifras sobre la deuda. El Pleno extraordinario de la Corporación, que preside el nacionalista, Marcos Brito Gutiérrez, abordó el análisis de las cuentas y de la ejecución del presupuesto, que efectuó en una primera lectura el ex concejal de Administración Financiera, David Bernat, quien puso de relieve que la auditoría deja bien claro que los reconocimientos extrajudiciales de crédito llevados a cabo en el período de 2003 a 2006 ascienden a 5,4 millones de euros, de cuya cantidad se hace un análisis de la etapa a la que corresponde y aludió al hecho de que en ese mandato se mezclaban las cifras de tal manera que, al final, quedara todo imputado, al período precedente".

Aclaró que "las facturas correspondientes a los ejercicios de 2003 y anteriores suman 3,9 millones. La única forma legal posible de reconocer este tipo de documentos es mediante de los reconocimientos extrajudiciales de crédito".

Indicó que cuando entró a formar gobierno Coalición Canaria y Partido Popular el consistorio disponía de 4,1 millones de euros, suficiente para financiar los reconocimientos de deuda anterior a 2003. El resto de 1,2 millones en facturas no es que se haya escondido en cajones del mandato de 1999-2003, son facturas que provienen del período 2003-2007".

Bernat señaló que "al final de 2007 nos encontramos 3,7 millones de euros en facturas pendientes extrajudicial de crédito".

La concejala de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, acusó al Grupo Socialista de pretender imponer la Ley de Memoria Histórica a su gestión al frente del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y dejó por sentado que la auditoría encargada por el anterior gobierno, no sólo supuso un despilfarro económico en situación de crisis, sino que "era nula de pleno derecho, porque no cuenta con el informe favorable de intervención".

Sandra Rodríguez situó la deuda del ayuntamiento en 56 millones de euros, si se atenía a los criterios esbozados por el edil socialista David Bernat y recordó el episodio de la adjudicación de la Estación Depuradora a una empresa francesa en los años noventa del pasado siglo, hasta llegar a convertir al Puerto de la Cruz en una "pequeña Filesa".