Trinidad Jiménez defiende la labor del Estado y las autonomías

E. PRESS, Madrid

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas "están haciendo un esfuerzo importante" para la aplicación de la Ley de Dependencia, en relación al informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

A su juicio, el desarrollo de esta normativa entraña la corresponsabilidad de ambas administraciones y afirmó que es "justo reconocer" que ese esfuerzo se ha realizado por las dos partes. Así, indicó que esta normativa supone un esfuerzo económico "muy alto", con el que consideró que se puede estar "satisfecho" por el nivel de compromiso alcanzado, la voluntad política demostrada por todas las administraciones, así como por el grado de desarrollo conseguido después de dos años y medio de aplicación.

En concreto, el periódico "El País" indica que Murcia, Canarias y Baleares retienen fondos y se bastan con el dinero que reciben del Estado para atender a los ciudadanos que tienen registrados en el sistema, en base al informe, que señala que el coste por persona dependiente se encuentra en 9.256 euros anuales.

De ellos, el Estado aporta una media de 5.155, pero algunas comunidades, como Canarias, reciben 11.510 euros por dependiente; Baleares, Madrid y Extremadura por encima de los 7.500 y a la Comunidad Valenciana y Murcia les llega más de 6.100 por persona atendida.