Ruano confirma el retraso en el acceso electrónico a la administración

G.M., S/C de Tenerife

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, reconoció el pasado miércoles, durante la celebración de la comisión parlamentaria de presupuestos de su área, que ninguna administración canaria será accesible de forma electrónica para los ciudadanos antes de 2010, "aunque tengo que decir que se está avanzando mucho", añadió.

En este sentido, recordó que por el momento la única administración que ya cuenta con acceso electrónico es la tributaria -que depende del Estado-, pero insistió en que el Gobierno autonómico apoyará durante el próximo año esta modernización con algo más de 16 millones de euros (16.223.351 euros).

Algo que desmintió el diputado socialista Francisco Hernández Spínola al asegurar que el presupuesto para este punto "no sólo no sube, sino que baja un 28% y en inversión real desciende hasta un 40%".

Cabe recordar que la Ley 11/2007 de accesibilidad de los ciudadanos establece la fecha de 31 de diciembre de 2009 como límite para que las administraciones puedan realizar de forma telemática todos sus procedimientos, algo que no cumplirá al 100% ninguna institución canaria.

Sistema complejo

Con este tipo de gestiones lo que se busca es facilitar la atención a los ciudadanos, que no tendrán que desplazarse hasta las oficinas, ni hacer colas, al mismo tiempo que permite agilizar los trámites y acabar con la burocratización.

En Canarias, la Audiencia de Cuentas es la institución que está investigando y elaborando un informe sobre el estado real de la adaptación tecnológica de las instituciones a la normativa, ya que, aunque algunos ayuntamientos (sobre todo los capitalinos y los de mayor número de habitantes) ya ofrecen algunos servicios a través de la red, la mayoría son pequeños procedimientos aislados y prácticamente experimentales.

No hay que confundir el hecho de que portales web oferten algunos servicios con el acceso electrónico para los ciudadanos, pues la ley lo que establece son unos niveles de calidad, eficiencia y eficacia que por el momento no se cumplen.

La razón de este retraso tiene más que ver con la complejidad del sistema y la necesidad de que sea personal especializado el que lo atienda que con un esfuerzo inversor. De hecho, a juicio de la Audiencia de Cuentas, "la crisis debería servir para ganar en eficiencia".