Los denunciantes culpan al ayuntamiento de la situación del centro de Aspronte

EL CENTRO DE ASPRONTE en la Urbanización Las Cuevas se ubica en una zona de chalés unifamiliares./ r.b.

EL DÍA, La Orotava

Fuentes de los vecinos que denunciaron la obra del centro comarcal de la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife (Aspronte), en la urbanización orotavense de Las Cuevas, aseguraron ayer a EL DÍA que el gobierno municipal de Coalición Canaria es el "único responsable" de la situación que vive actualmente este inmueble amenazado de derribo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Estas fuentes aseguran que la obra del centro de Aspronte "fue denunciada antes de que se colocara la primera piedra, porque incumplía el planeamiento urbanístico y existían informes de técnicos municipales que así lo advertían. Sin embargo, el gobierno de CC decidió seguir adelante, a pesar de la denuncia, y fue perdiendo en todas las instancias judiciales. A pesar de que se acumularon las sentencias negativas, el Ayuntamiento de La Orotava siguió recurriendo hasta el Tribunal Supremo, lo que ha causado a los denunciantes un importante perjuicio económico".

Estas fuentes recalcan que "el gobierno que preside Isaac Valencia (CC) sabía desde antes de empezar la obra que el centro era ilegal y, aún así, siguieron adelante. Ahora hay una sentencia firme que debe cumplirse y, a pesar de lo que dice el concejal de Urbanismo, ya no se puede retirar nada".

Esta parte del litigio sostiene que el gobierno villero "nunca ha querido dialogar con nosotros". Además, recalca que la tipología edificatoria de ciudad jardín impide la construcción de este inmueble, "en una zona donde las viviendas pagan muchos impuestos y no existen aparcamientos para el movimiento que genera un centro así, que, además, ha devaluado las viviendas cercanas".

"El ayuntamiento no tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana y en este caso se empeñaron en obrar mal y así lo han confirmado varias sentencias", subrayan. En su opinión, "el ayuntamiento podría haber elegido un solar que se adaptara a las necesidades del centro, pero el alcalde se empeñó en construir en ese lugar incumpliendo la ley".

A juicio de los denunciantes, "ya no es posible retirar nada, puesto que existe una sentencia firme del TSJC, y otra del Tribunal Supremo, que cualquier ciudadano podría exigir que se cumpliera. Esto es un estado de derecho y las sentencias hay que cumplirlas". Sin embargo, recalcan que no tienen "nada en contra de Aspronte" y se muestran abiertos a que se "arregle toda la situación, si es posible".

Estas fuentes consideran que "si Aspronte se ve perjudicado, debe pedir responsabilidades es al Ayuntamiento de La Orotava, que ha hecho las cosas mal a sabiendas".

Fuentes del Ayuntamiento villero confirmaron ayer a EL DÍA que uno de los cuatro vecinos que denunció la obra del centro de Aspronte es el ex jefe de Traumatología del HUC y ex candidato a la secretaría general del PSC de Tenerife, Guillermo de la Barreda, afectado por la expropiación del Parlamento canario.

"Alarma social"

El gerente de Aspronte, Antonio Fuentes, señaló ayer que la noticia de la posible demolición parcial de su centro en La Orotava ha causado "una gran alarma social, especialmente entre las 60 familias de los usuarios del centro". En la mañana de hoy, el propio Fuentes se reunirá con las familias para informar "de lo poco que sabemos". El lunes habrá otra reunión entre Aspronte y el Consistorio orotavense.

Fuentes recordó que Aspronte "sólo tiene la cesión en uso del centro", por eso se ha mantenido al margen de todo el procedimiento judicial. Desde Aspronte confirman que existe "una gran preocupación con este asunto", puesto que una demolición parcial para adaptar el retranqueo del inmueble implicaría "la pérdida del gabinete psicosocial, la recepción y la rampa de acceso, y eso sería un gravísimo problema".

Fuentes reconoce que "todo está en el aire" y pide a los denunciantes que "reflexionen, ya que estamos hablando de un centro que no perjudica a nadie, que es un modelo a seguir y es el primero de la Isla en atención a la gran dependencia".

"La noticia de que o se legaliza el centro o se derriba ha sido muy impactante para todos, pero en general hemos recibido muchas muestras de apoyo y solidaridad", recalcó Fuentes. A su juicio, "el centro es ideal y está en un lugar perfecto, ¿cómo vamos a explicarles a los usuarios, que están muy felices allí, que tenemos que marcharnos a otro lugar?".