El aborto no es un derecho de la mujer

EL CONSEJO de Ministros celebrado el pasado día 26 de septiembre aprobó el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Proyecto que, ahora, debe ser debatido en el Congreso para su aprobación o rechazo. Tal vez lo más destacable de la nueva ley sea que se mantiene el plazo de 14 semanas para abortar libremente, y que las menores de 16 y 17 años lo hagan sin el consentimiento de sus padres.

Con esta nueva ley el Gobierno socialista pretende imponer por la fuerza de los votos -que no de la razón- un derecho ficticio e inexistente: que el aborto es un derecho de la mujer. Así pues, de aprobarse la nueva ley se situará al margen de la razón eludiendo toda evidencia científica sobre la vida humana.

¿A qué obedece esta nueva ley? ¿Existe algún clamor popular que lo demande? Los partidarios de la futura ley consideran que ésta será más restrictiva ante el aborto que la actualmente en vigor de despenalización, y no es así, porque la que se pretende aprobar permite el aborto libre hasta la semana 14 y que el aborto sea un derecho de la mujer.

Dar facilidades para el aborto, desde luego, no es un signo de progreso, sino de fracaso colectivo. El terreno de encuentro no pasa por la legalización de la ampliación del aborto, sino por la puesta en marcha de medidas políticas que supongan prevención en la conducta de los adolescentes, así como una verdadera y eficaz protección a la maternidad en todos los ámbitos sociales: familiar, sanitario, laboral, educativo, etc., y en la aplicación de otras opciones como la entrega del hijo no deseado en adopción.

Dicen que cada pueblo tiene los políticos que se merece. ¿Qué podemos esperar de unos políticos que, blandiendo el estandarte del progresismo mal entendido, han renunciado a luchar por el más elemental de los derechos humanos, como es el derecho a la vida, pretendiendo defender y apoyar que matar a un niño no deseado es un derecho?

En efecto. Resulta decepcionante comprobar que algunos políticos han renunciado a unos ideales básicos a favor de la popularidad y de la obtención de réditos electorales con la pretensión de contentar a un sector de la población que ni mucho menos representa el sentir general.

Los partidarios del aborto y, por consiguiente, de la nueva ley afirman que éste es un derecho de la mujer, basándose en que, como se trata de su cuerpo, ella puede y debe decidir lo que hacer. Al parecer, para ellos, lo que la mujer lleva en su seno tras el embarazo no es un ser humano.

Veamos. En el momento de la fecundación surgen unas células con un ADN diferente al del óvulo (que proviene de la madre) y el espermatozoide (que proviene del padre).

Por tanto, podemos hablar de un individuo de la especie humana distinto a los padres. De modo que el aborto supone acabar con la vida de esa persona.

Defender la vida del no nacido equivale a ejercer la maternidad, uno de los títulos más importantes que puede ostentar una mujer. Por consiguiente, cuando se extermina a un cigoto, a un embrión o a un feto, se mata a un hijo. Se asesina a un "sin voz", que es un ser indefenso e inocente.

El aborto no es un derecho de la madre, es un fracaso de la sociedad que considera lícito suprimir una vida inocente por el deseo egoísta o el capricho de una mujer embarazada. ¿Cuándo tendremos en cuenta los derechos humanos de los no nacidos y aceptaremos otras alternativas -como la adopción- si esa madre no quiere considerarlo suyo? Resulta mucho más "constitucional" hablar de los derechos humanos de los indefensos, de la protección de los nasciturus, porque todos tenemos derecho a vivir, que de las veleidades criminales de personas que no han sido abortadas porque fueron queridas por sus madres.

Un embrión es un ser humano, porque es un ser vivo y, por lo tanto, es una persona jurídica cuya existencia debe ser defendida. Así lo acordó el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985, al señalar que "el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma". Sentencia que desmonta el derecho subjetivo de que la mujer aborta un bien jurídico no protegido.