EUROPA PRESS, Tenerife
El profesor Enrique Meléndez Hevia aclaró ayer que la situación en la que se encuentran los 13 ex trabajadores del Instituto del Metabolismo Celular (IMC) es consecuencia directa de la orden de cierre dictada en su día por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de 7 de julio de 2006, que fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), informó la dirección del IMC en un comunicado de prensa.
La orden de la Consejería incluyó la imposición de seis multas al profesor Enrique Meléndez Hevia por seis presuntos delitos graves contra la salud pública, que ascendieron a una cantidad total de algo más de 360.000 Euros -una cuantía, según Meléndez, "a todas luces desorbitada"- y el cierre del IMC. Al no poder hacer frente el profesor Meléndez Hevia al pago de la multa, la Consejería instó procedimiento de ejecución forzosa procediendo a embargar todo su patrimonio y el de su mujer, incluida su pensión de jubilación, "colocándole personalmente al borde de la indigencia", apostilla el profesor.
Por parte de IMC se trató de llegar hasta los límites legales a fin de no cumplir con la resolución del Gobierno de Canarias y evitar el cierre del centro y el despido de los trabajadores. De manera que, por parte del Ministerio Fiscal, se inició procedimiento penal contra Meléndez Hevia por un presunto delito de desobediencia al no ejecutar las órdenes de cierre.
En esta tesitura, el IMC aclara que se agotaron todas las medidas legales oportunas para impedir el cierre del consultorio nutricional hasta que al menos se resolviera el procedimiento ante el TSJC, un extremo que "la propia Consejería de Sanidad lo impidió exigiendo el cierre inmediato". Ante esta situación y debiendo afrontar la denuncia penal por desobediencia, Meléndez se vio obligado a cerrar el centro.
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