El TSJC vuelve a dar la razón al jefe de la Policía Local

MIGUEL MIRANDA (izquierda) ya ganó al consistorio un contencioso administrativo el pasado mes de mayo./ p.fumero

PEDRO FUMERO, Tenerife

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a dar la razón al jefe de la Policía Local de Arona, Miguel Miranda Blanco, en la denuncia que interpuso contra el Ayuntamiento sureño tras ser apartado de su puesto en enero de 2009.

La sentencia dictada ahora por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ratifica el auto emitido el 18 de mayo del presente año por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital tinerfeña.

La defensa de Miranda ha sido desarrollada por abogados del gabinete jurídico de la Asociación de jefes y subjefes de la Policía Local de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ajespol).

Miguel Miranda interpuso una denuncia contra el consistorio aronero después de que un funcionario policial procedente del municipio catalán de Vilanova y la Geltrú, José Manuel Abdelkáder, se incorporara a la plantilla del cuerpo de seguridad municipal en calidad de jefe y amparado en una comisión de servicios.

En el documento judicial al que ha tenido acceso EL DÍA se recuerda que ya existe un precedente por un caso similar y se advierte de que "no se ha dado publicidad a la comisión de servicios (...)".

Interés general

El TSJC afirma que "el interés general no ha sido pospuesto ni valorado defectuosamente" al restituir a Miranda en su puesto. En el recurso presentado por la administración municipal se dice que "las disfuncionalidades y deficiencias detectadas en la Policía Local de Arona, debidas principalmente a la falta de planificación y dirección de las operaciones y servicios, demandaban la forma de actuación observada". Y en la sentencia se apunta que "no se explica la razón por la cual el defectuoso funcionamiento de la Policía Local en los últimos años precisa ser corregido ahora de manera urgente". Tampoco está justificado que "no se pueda solventar dicha disfuncionalidad acudiendo al procedimiento legalmente previsto para la provisión de los puestos de trabajo". Las costas del recurso fueron impuestas expresamente al ayuntamiento, que fue defendido por un letrado del Servicio Jurídico del Cabildo de Tenerife, que no podrá percibir más de 180 euros por los honorarios.