Aprueban la legalización parcial del centro de Aspronte para evitar su derribo

ASPRONTE inauguró su centro en Las Cuevas en septiembre de 2005./ el día

RAÚL SÁNCHEZ, La Orotava

El atípico pleno del Ayuntamiento de La Orotava celebrado ayer estuvo marcado por la inusual unanimidad, que se dio en más de 40 de los 50 puntos del orden del día, y dos sorpresas: una positiva y otra negativa. La buena noticia llegó con la decisión del gobierno de CC de proponer la congelación de todas las tasas e impuestos municipales, en contra de lo anunciado hace unos días, cuando proponía elevar varias tasas un 3%. La mala noticia llegó en la prórroga de la sesión, en los asuntos urgentes sin dictaminar, cuando el concejal de Urbanismo, Narciso Pérez (CC), planteó una propuesta para legalizar la altura del centro comarcal de la Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife (Aspronte), situado en la Urbanización de Las Cuevas, y evitar la amenaza de derribo parcial del edificio que plantea una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El edil detalló que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha dado de plazo al ayuntamiento hasta este viernes para que acredite la legalidad de las obras del centro de Aspronte, inaugurado en septiembre de 2005 y denunciado por cuatro vecinos de Villas del Pinalito, en la citada urbanización, por incumplir el planeamiento urbanístico. La demanda de ejecución forzosa de la sentencia, interpuesta por los vecinos en marzo de este año, pone al ayuntamiento entre la espada y la pared: o acredita la legalidad del centro de Aspronte o debe iniciar el expediente de derribo de una instalación que atiende cada día a 60 discapacitados intelectuales.

La propuesta para la legalización de la última planta del centro, que tiene dos pisos y un sótano, fue aprobada por CC, PSC y PP, con la abstención de IpO e IUC-LV.

Pérez recordó que ya se planteó una modificación del PGO para poder legalizar este inmueble, "pero los demandantes han insistido en que se ejecute la sentencia y el TSJC ha dictado varios autos reclamándonos que certifiquemos su legalización o iniciemos el expediente de demolición, un derribo que nos parece un auténtico disparate".

"Este no es un edificio cualquiera y, además, es perfectamente legalizable, pero el TSJC nos ha dado un plazo de diez días para buscar una solución definitiva. Nuestros servicios jurídicos y los del Gobierno canario han determinado que los dotacionales pueden tener una planta más de altura que la tipología edificatoria de su zona y eso es lo que planteamos".

Con el pronunciamiento plenario de ayer se intenta salvar el problema de la altura de más que tiene el centro de Aspronte, "pero aún queda pendiente resolver el asunto del retranqueo, donde se incumple en unos tres metros, lo que podría obligar a demoler el porche de entrada y una dependencia lateral".

El edil de Urbanismo afirma que el gobierno local intenta concienciar a la parte demandante para que "renuncien a la ejecución forzosa de la sentencia, que no les beneficia en nada; miren el lado humano de este asunto, y tomen conciencia de que estamos hablando de un centro de discapacitados intelectuales, que serían las principales víctimas de un derribo". El alcalde villero, Isaac Valencia, calificó como "una barbaridad" que se plantee derribar este inmueble.

El centro de Aspronte comenzó a construirse en febrero de 2003 y poco después fue denunciado por cuatro vecinos de Las Cuevas que consideraban que el inmueble incumplía la normativa urbanística (una altura más y problemas de retranqueo) en la Urbanización de Villas del Pinalito.

Una sentencia de marzo de 2007 dio la razón a los denunciantes, pero fue recurrida en septiembre de 2008 por el Ayuntamiento villero ante el Tribunal Supremo, que desestimó las peticiones municipales.

Este centro costó unos 471.000 euros y fue sufragado por el Cabildo, que aportó 195.000 euros, y los tres ayuntamientos del Valle de La Orotava, que aportaron 60.000 euros cada uno.