El Gobierno advierte del poco margen que tiene para negociar con los cabildos

MARTÍN MARRERO, portavoz del Ejecutivo de Canarias, en una imagen de una comparecencia anterior./ maría pisaca

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

El Gobierno regional "apenas" tiene margen para negociar con los cabildos una mora en el pago de los recursos derivados del Régimen Económico y fiscal (REF) que les adelantó de más en 2008 y este año.

Los cabildos, que el lunes hicieron un frente común con los ayuntamientos para ratificar su negativa a devolver esos recursos este mismo año, tal y como pretende la Administración autonómica, quieren que el pago se posponga hasta 2012 y alegan, entre otros motivos, que el Estado también ha concedido una prórroga de este tipo a las Comunidades Autónomas en relación a los fondos que, a su vez, las autonomías recibieron en exceso.

Pero Marrero, al referirse a este aspecto en concreto, se limitó a insistir en la predisposición "absoluta" del Ejecutivo para negociar con cabildos y ayuntamientos. "Debe darse un diálogo entre la Comunidad y las corporaciones locales similar al que la autonomía tuvo con el Estado", matizó.

Sin improvisaciones

"No hay una postura inamovible en relación a la moratoria, pero tampoco es algo en lo que se pueda improvisar", puntualizó el portavoz oficial.

El Ejecutivo canario, explicó, "no es un oasis en medio de la crisis", que tiene comprometidos tres cuartas partes de sus recursos para Sanidad y Educación.

Por ese motivo, "cambiar lo contemplado en la ley", señaló Marrero en alusión al pago de los recursos adelantados en exceso a las corporaciones insulares, "sería forzar las previsiones".

"Sin cerrarnos a ninguna postura, lo que está claro es que, debido al nivel de detalle que hay que tener, la negociación con las corporaciones locales será como una microcirugía presupuestaria", añadió Marrero.

En cuanto al proceso de descentralización, el portavoz ratificó que las conversaciones para ponerlo en marcha serán a tres bandas (Gobierno regional, cabildos y ayuntamientos), si bien acotó que el "marco actual es el que está regulado por ley", por lo que su modificación precisa "necesariamente el acuerdo de todas las administraciones" involucradas.

Marrero también se refirió al retraso por parte del Ejecutivo regional para remitir al Parlamento su propuesta de reforma estatutaria. "Tras un largo trámite interno en el que ha intentado dar cabida a las numerosas aportaciones recibidas durante el periodo de información pública, el texto será enviado a la Cámara durante el último trimestre del año", señaló.

Quedó claro de esta manera que el Ejecutivo regional sigue sin una fecha concreta para hacerlo.

"El asunto sigue en agenda, pero no constituye una prioridad absoluta para la Administración", justifico Marrero. "Sigue en agenda, pero ha habido otros asuntos de mayor importancia".

En relación a los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, cuya tramitación acaba de comenzar en el Parlamento y que ya está en plazo de presentación de enmiendas a la totalidad hasta el viernes de la semana que viene, Marrero aclaró que el Gobierno no se ha reunido ni piensa hacerlo con la oposición para intentar lograr su respaldo.

"Esa es labor de los grupos que apoyan al Gobierno (Coalición Canaria y el Partido Popular) y deben hacerlo en sede parlamentaria", concluyó.