Sentido común medioambiental en Canarias

En la política, como en la vida, los errores se producen por exceso o por defecto. Durante décadas, la falta de protección medioambiental y, sobre todo, la casi absoluta ausencia de disciplina urbanística municipal produjeron graves deterioros en el medio natural canario.

Canarias reaccionó y se puso teóricamente a la cabeza de España en planes y figuras de protección territorial que han preservado más del 40% de nuestro territorio, más del doble que cualquier otra comunidad autónoma (en Tenerife ese porcentaje se acerca al 50%). Pero en el resto del territorio los desmanes siguen produciéndose; porque no basta con cambiar las leyes si la cultura general lleva siempre a permitir (cuando no a justificar) las agresiones privadas al medio natural. Al mismo tiempo, proyectos públicos que cuentan con todas las medidas de protección medioambiental (muy superiores a las que se aplican en la Península) son injustamente bloqueados por una concepción fundamentalista del ecologismo: aquella que supedita el interés de vegetales que no están en peligro de extinción al interés general de las personas.

Es por ello que la proposición de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas que se tramita ahora en el Parlamento de Canarias es una iniciativa adecuada y necesaria en las Islas. Es buena porque permite introducir orden y sentido común en el hasta ahora disparatado debate sobre la protección medioambiental de Canarias.

El tan ponderado desarrollo sostenible no es aquel que aspira a convertir un territorio en un jardín botánico. Posiblemente eso fuera posible si en lugar de dos millones de canarios nuestra población no sobrepasara las 100.000 personas, como en los tiempos prehispánicos.

La consecuencia lógica del "fundamentalismo vegetal" es forzar una emigración mucho más masiva que la de hace cincuenta o sesenta años. Si las obras de mejora de la conectividad interna y externa de Canarias se obstruyen es imposible recuperar las condiciones de competitividad que permitan más empleos.

Somos uno de los territorios más densamente poblados de España y Europa. Estamos a punto de triplicar el paro europeo. Y, sin embargo, la "especie humana" sigue teniendo menos valor para algunos que algunas plantas.

No podemos repetir errores como el cometido con el tendido eléctrico de Vilaflor. Por no afectar a un centenar de pinos miles de ciudadanos del sur de Tenerife están sometidos a un nivel de radiación que podía haberse evitado. Los técnicos tenían razón en su trazado. Pero las instituciones nunca supieron explicar los sólidos argumentos que los respaldaban a la ciudadanía. Y cuando lo pretendieron ya era tarde. Una masiva manifestación alimentada por datos erróneos echó abajo el trazado, que era mejor tanto para el medio natural como para las personas. El remedio fue peor que la supuesta enfermedad y lo pagaremos durante décadas.

¿Servirá al menos aquella experiencia para evitar nuevos errores semejantes?

La Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas puede contribuir a que no se repitan. En unos tiempos en que todo el mundo huye de adoptar medidas que puedan ser contestadas socialmente, el valor político demostrado por el impulsor de esta norma, el parlamentario José Miguel González se constituye en toda una buena referencia.

El Parlamento de Canarias tiene ahora la ocasión de ponerse a la altura de las graves circunstancias del momento presente arropando con el máximo apoyo una norma necesaria y justa, que nos sitúa en la realidad y nos sustrae del esterilizante efecto de algunos bienintencionados utopismos.

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