JOSÉ D. MÉNDEZ, S/C de Tfe.
La próxima Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobará la rescisión de los contratos de alquiler de los dos locales del Parque Bulevar para cumplir así el acuerdo plenario.
El alcalde y su equipo de gobierno decidieron iniciar el expediente para resolver la rescisión del contrato, pese a que en esa misma sesión, de la que se marchó el PSC, especificó que el Pleno tiene unas competencias, la Junta de Gobierno otras y el alcalde otras, según la Ley de Grandes Ciudades, pero, pese a todo, se va a seguir la decisión del Pleno.
De momento se ha elaborado un estudio jurídico que demuestra la viabilidad de esta operación que fuentes del equipo de gobierno calificaron de "tirar dinero a la basura porque las oficinas estaban a punto de acoger varios servicios, en concreto el distrito Centro, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, el Negociado de Infancia y Familia y la UTS de Centro".
Todos estos departamentos están buscando dónde mudarse dentro de la idea del Plan de Sedes de reubicarlos de forma conjunta. En esta línea se trabaja "y para estar en el nuevo local lo más pronto posible".
Resolución "pacífica".- Volviendo a los locales del Parque Bulevar ya ha habido un primer contacto con el empresario, que es receptivo a la rescisión y en cuanto lo apruebe la Junta de Gobierno se procederá a la firma de la vuelta atrás en esta operación. Probablemente firme este nuevo documento el secretario del Pleno en una resolución "pacífica" de este conflicto suscitado desde hace ya bastantes meses cuando fue denunciado por la oposición.
Decisión del Pleno.- Hace casi dos semanas, cuando el Pleno debatió este asunto de los alquileres de los locales del Parque Bulevar, el alcalde, Miguel Zerolo, apeló a un informe jurídico que aseveraba que la potestad para rescindir el contrato era de la Junta de Gobierno, que ya había decidido trasladar a dichos locales las oficinas de Centro y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. El equipo de gobierno ha rectificado ahora y decide la rescisión del contrato de alquiler de unos locales sin uso pese a que se pagan 7.000 euros mensuales desde hace tres años. Parece, y no es el primer caso, que el gran beneficiado va a ser el empresario privado porque los chicharreros han perdido ya y van a seguir perdiendo una buena cantidad de dinero del erario público en momentos de una especial necesidad social.
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