E. PRESS, Madrid
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, afirmó ayer que el Ejecutivo autonómico hará uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para que la sentencia sobre Montaña Rayada, en Fuerteventura, no sea firme y destacó que no está de acuerdo con su contenido.
Soria, que asistió en el Congreso a la reunión de la Subcomisión para el Pacto de Estado de la Sanidad, señaló sobre el citado fallo judicial que es el "único caso" en el que tienen una sentencia firme.
El Gobierno que preside Paulino Rivero fue condenado a pagar 33 millones de euros por los terrenos de Montaña Rayada ante la desclasificación en 1990 de un suelo urbanizable no programado, que pasó a suelo rústico, lo que se ha dispuesto en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del 17 de febrero de 1994 que adquirió firmeza por sentencia del Tribunal Supremo del año 2000.
Antecedentes
Como resultaba imposible volver a clasificar dicho suelo como urbanizable a consecuencia de estar integrado en la delimitación de un espacio natural, declarado así en 1987 por la ley sectorial, el TSJC, mediante auto de 2003, declaró la imposibilidad de ejecución de la sentencia.
Así, el TSJC estableció en 2006 el derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la diferencia del valor del suelo urbanizable no programado a rústico (hoy de protección natural) que evaluó en 29.352.289 euros más el interés legal del dinero desde la fecha de su notificación.
El auto fue recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente lo inadmitió el 19 de octubre de 2008 adquiriendo firmeza la indemnización.
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