El conjunto de hechos investigados y relacionados por la Audiencia de Cuentas y debatidos en el Parlamento se encuentran desde hace varias semanas en manos del Tribunal de Cuentas de Madrid. Tal y como afirmó el órgano fiscalizador de las Administraciones canarias, "de las conclusiones del informe se puede inferir sobre la existencia de al menos algunos indicios de responsabilidad contable cuya efectiva determinación correspondería examinar, en su caso, al Tribunal de Enjuiciamiento Contable". En las diligencias preliminares ya iniciadas se nombró, tal y como informó esta redacción, a la jueza (consejera de cuentas) Ana María Pérez Tórtola como instructora del procedimiento por el que se determinarán las posibles responsabilidades contables individuales.
