G.M., S/C de Tenerife
Un licenciado en farmacia ha reclamado judicialmente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias 3.000 euros en concepto de daños morales por haberse visto perjudicado en el concurso de adjudicación de 2001.
Los letrados del denunciante argumentan que con la celebración del concurso se vieron frustradas las pretensiones de su representado, debido a que se aplicó un baremos de méritos, por lo que solicitan que se ejecute la sentencia de anulación dictada por el Supremo, que entren en vigor los nuevos criterios marcados por el Tribunal de Luxemburgo sobre aperturas de farmacia y se indemnice a su representado con 3.000 euros en concepto de daños morales, por haber participado en un concurso cuyas reglas son nulas de pleno derecho.
Así, se abre la puerta a que los aspirantes que se quedaron sin farmacia en los concursos convocados de 2001 y 2007 soliciten ser indemnizados por haberlos dejado fuera aplicando criterios que ahora han sido anulados por el Tribunal Supremo.
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