CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) buscan disfrazar la contratación de 100 "agentes electorales" o "comisarios políticos" en Venezuela pagados con fondos del Gobierno regional a través de la atención domiciliaria que necesitan los canarios dependientes que viven en ese país, según denunciaron ayer el portavoz adjunto del Partido Socialista Canario (PSC), Julio Cruz, y el diputado herreño de esa formación, Inocencio Hernández.
La actuación va dirigida a cambiar el sentido del voto de los canarios que viven en Venezuela en las próximas elecciones autonómicas de 2011 para intentar conseguir "algún diputado o alcalde adicional en el Archipiélago, especialmente en las Islas occidentales", manifestó Cruz. "Ya en El Hierro lo han hecho antes", aseveró.
Los nacionalistas negaron las acusaciones en una nota de prensa a través de su diputado por El Hierro, Francisco Acosta, que dejó claro que "todo lo dicho por el PSC sobre la atención de dependientes canarios residentes en Venezuela es rotundamente falso".
Contratación a dedo
En este sentido, Acosta recalcó que el Gobierno canario "sólo está formando a 100 personas a través de un convenio con la Escuela de Servicios Sociosanitarios y Sociales de Canarias, personas que serán contratadas en función de la demanda existente".
Acosta aseguró que nadie ha sido contratado "a dedo" en Venezuela en respuesta a las acusaciones de Cruz y Hernández, que afirmaron que CC y el PP "no quieren emplear, como el resto de las autonomías, la fundación España Salud ni la Fundación de Residentes en el Exterior para gestionar los fondos destinados a la atención de los 60.000 emigrantes canarios de primera generación".
En vez de esa fórmula, explicaron, "prefieren contratar a través de un criterio político sin preparación que no ha pasado las 300 horas de formación exigidas por esas fundaciones". Según los socialistas, la "prueba" de sus acusaciones es que los agentes sociales "piden todo tipo de datos a los canarios" antes de prestar la atención domiciliaria.
Pero el nacionalista subrayó "que el Gobierno regional no le pregunta a trabajador o emigrante alguno sus preferencias políticas a la hora de ejecutar algún programa sociosanitario porque su obligación es atender a todos".
Desde la Comisión de Acción Exterior, liderada por Elsa Casas, se aclaró que hubo una convocatoria pública para seleccionar a los 100 aspirantes que serán contratados en función de la demanda social que haya y que tendrá lugar, en todo caso, el próximo mes.
Cruz criticó también los gastos de viajes al país sudamericano realizados por el director general de Relaciones con América, Miguel Ángel Machín, que "en lo que va de legislatura ha ido a Venezuela 23 veces con un coste de 65.000 euros".
Machín replicó que su trabajo "está donde están los emigrantes" y añadió que el trabajo de despacho "es minoritario" frente a la necesidad de entrar en contacto con los canarios que viven fuera y buscan plantear sus problemas.
Desde el Comisionado también se negó que la ejecución presupuestaria de las partidas de atención a los emigrantes en Venezuela sea del 10%, como dijo el PSC. "Muchas son justificadas en septiembre, por lo que los socialistas tienen datos desactualizados".
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