El contencioso que mantiene la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con los afectados por el concurso de adjudicación de los concursos de farmacias de 2001 y 2007 ha dado un nuevo giro, puesto que si hasta ahora las negociaciones entre el denunciante -al que el Tribunal Supremo le dio la razón el pasado mes de junio anulando el concurso-, y el Gobierno dejaban la puerta abierta a una solución menos drástica que el cierre, la solicitud de ejecución de sentencia planteada por la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma) deja prácticamente sin efecto esa vía, puesto que solicita que se cumpla tal y como ha formulado el máximo tribunal.
Pese a no haber sido parte del proceso judicial, la Ley de Jurisdicción permite que la ejecución de los fallos judiciales pueda ser solicitada por los afectados, aunque estos no hayan participado anteriormente en la causa, como es el caso. Así, Plafarma ha hecho valer este derecho y ha solicitado ante la sala la derogación de la orden del 17 de julio de 2001, la nulidad de los concursos de oficina de farmacia convocados en 2001 y 2007, iniciar el procedimiento de cierre de las 198 farmacias autorizadas en tales concursos, para que, una vez cerradas, se proceda a nuevas aperturas en base a los criterios marcados por el Tribunal de Luxemburgo y, además, solicita una indemnización de 3.000 euros, en concepto de daños morales, para un farmacéutico que se quedó fuera del concurso.
Al personarse en esta causa Plafarma, la vía de negociación abiertas entre Sanidad y el denunciante para buscar "la solución más satisfactoria para ambas partes y dándole mayor capacidad de maniobra a la consejería" se queda sin efecto, puesto que el acuerdo ahora debe alcanzarse también con Plafarma, que no está dispuesta a cejar en su empeño de que se cumpla, salvo que eso conlleve un compromiso de que el sistema de adjudicación cambiará radicalmente, y se corre el riesgo de que cualquier otro afectado solicite también la ejecución del fallo.
"No queremos perjudicar a nadie y eso tiene que quedar muy claro; lo que buscamos es aprovechar esta oportunidad para incidir en que este sistema, basado en los méritos, obliga a los farmacéuticos a pasarse media vida en los juzgados debido a los errores que produce, por lo que es necesario un cambio", explica la presidente de Plafarma, Mercedes Cuadra, antes de enfatizar que "se cerrarían las farmacias, pero se volverían a abrir inmediatamente de acuerdo a otros criterios más justos que no buscan otra cosa que ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios, crear empleo y acabar con las graves limitaciones que se nos ponen a los farmacéuticos para poder ejercer nuestra profesión".
Cuadra recuerda que la asociación que preside está apoyada por la asociaciones de consumidores "incluidas las de Canarias", puesto que una liberalización total del sistema, "siempre acogido a una regulación sanitaria", acabaría con este sistema de méritos "que permite cosas tan absurdas como que los que ganaron el concurso de 2001, si se hubieran presentado en 2007, no lo consiguieran".
En este sentido, cabe recordar que en Navarra ya se está aplicando un sistema intermedio, que si bien no permite la liberalización farmacéutica, sí que es menos rígido que el actualmente se aplica en Canarias, que se basa en los méritos del farmacéutico, y permite la apertura de cualquier oficina con todas las garantías que obliga la ley, siempre que se encuentra a más de 150 metros de la siguiente farmacia y cumpla con las necesidades de la población.