El río revuelto

EL GOBIERNO ha superado el primer filtro parlamentario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Izquierda Unida y nacionalistas catalanes fracasaron ante la alianza del PSOE con los nacionalistas vascos y la coalición localista canaria. Así contada, la historia parecería un trámite normal de la vida política corriente, sin más. Pero no hay tal: el trasfondo político de este episodio merece alguna atención, porque estamos ante una corruptela que no por repetida resulta menos nociva; más bien al contrario.

Cuando se estableció el sistema electoral proporcional en la Constitución, el constituyente lo hizo pensando que esto podía ayudar a conseguir varios objetivos importantes: por un lado, incorporar a las instituciones nacionales a los partidos nacionalistas, haciéndolos partícipes de las preocupaciones y las soluciones comunes a toda la nación; por otro, teniendo en cuenta que salíamos de una dictadura en que los partidos políticos habían sido sistemáticamente denigrados, convenía dificultar las mayorías absolutas, porque gobernar sin mayoría obligaría a los partidos a pactar, lo que -se pensaba entonces- favorecería la moderación y el hábito de la negociación como instrumento para resolver diferencias.

Sin embargo, desde el principio, con los primeros Gobiernos de la UCD se vio con claridad lo que iba a suceder y ya era tarde para corregir: los pequeños partidos nacionalistas o localistas que tuviesen presencia parlamentaria resultarían premiados con una capacidad de influencia absolutamente desproporcionada a su tamaño, y pactar con ellos le saldría carísimo al partido gobernante, del signo que fuese. Así, pudimos presenciar desde el primer instante unas negociaciones en las que se intercambiaban votos favorables en una materia por apoyos posteriores en otra, o por decisiones de Gobierno en asuntos por entero ajenos al apoyo que se negociaba.

Se pensaba -oh, aquellos años de ingenuidad y benevolencia- que los partidos gobernantes sabrían seleccionar el precio que se les pediría en cada caso, y que antepondrían responsablemente el bien común a su bien particular; pero eso era desconocer no sólo la naturaleza humana, sino la clase de partidos que poblarían el panorama político español. La realidad ha sido que los partidos gobernantes han considerado sistemáticamente prioritaria su permanencia en el poder, de suerte que sería aceptable cualquier precio político en una negociación con las minúsculas formaciones determinantes de la ansiada mayoría.

Esto es lo que por enésima vez ha sucedido ahora. Sin embargo, ha habido una novedad: en esta ocasión los nacionalistas vascos y Coalición Canaria, una vez otorgado el apoyo, no se han privado de criticar los Presupuestos para 2010 tachándolos de absurdos, imposibles y disparatados, exhibiendo así en toda su crudeza el fraude político cometido contra el bien común y en beneficio de sus intereses localistas. Una obscenidad como ésta, al menos que yo recuerde, no se había producido hasta ahora; más bien los que practicaban esta superchería se esforzaban en presentar ante la opinión las excusas más verosímiles que encontraban para justificar su voto. Nadie les creía, pero al menos, como suele decirse, trataban de vestir el muñeco. Ahora, en cambio, sólo les faltó apelar al refrán que sentencia que a río revuelto, ganancia de pescadores.

Degradación

Lo ocurrido en el debate presupuestario y la desvergüenza con que se ha presentado al público me parece muy expresivo del clima general de degradación de nuestra vida pública. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, diría que la sociedad española ya "está madura" para encajar la progresiva putrefacción de nuestra democracia, en la que los controles del poder se debilitan aceleradamente hasta, en algunos casos, desaparecer por completo.

Si echamos una ojeada a lo que sucede, nos encontramos con esfuerzos visibles del Gobierno para encubrir a los policías que dieron el chivatazo a los terroristas de la ETA para que no entrasen en España, pues estaba preparada una operación para detenerlos; vemos a jueces que se envían unos a otros, como en una partida de ping-pong, a un pirata somalí detenido con el que no saben qué hacer; asistimos estupefactos a la puesta en libertad sin fianza de un hombre que, de presunto prócer, ha pasado directamente a presunto autor del desfalco de decenas de millones de euros de la Fundación Palau de la Música Catalana; nos pasmamos ante los cambios de criterio de medios de comunicación tenidos por respetables, en función de si desde el poder político se les da trato de privilegio o no? Para qué seguir. Si la democracia es un sistema de convivencia en el que prevalece el imperio de la ley y se practica el control social del poder en vez de que el poder controle a la sociedad, La verdad es que no están las cosas para dar precisamente saltos de alegría. Vivimos en pleno río revuelto, ciertamente.

Posdata

La multitudinaria manifestación contra el proyecto de nueva ley de aborto (meternos en guerras de cifras es perder el tiempo) no produjo aparentemente la menor mella en el Gobierno, que parece ignorar olímpicamente este tipo de reacciones populares. Lo primero que declararon algunos ministros fue que piensan seguir con su designio, una vez comprobado que la aritmética parlamentaria del río revuelto les pueda proporcionar la pesca apetecida. Pero suele ocurrir que estas movilizaciones cívicas producen sus efectos a medio plazo. Y, en efecto, ya han empezado a publicarse globos sonda en forma de pronósticos sobre tal o cual modificación de la ley, particularmente en lo tocante a las embarazadas menores de edad, para las que -dice el rumor- se exigiría el asesoramiento "de un adulto". ¿Sus padres, tal vez? El rumor no lo especifica. Por ahora estamos en marear la perdiz y revolver el río.