Policías locales piden coordinación para lograr mayor eficacia en su labor

RICARDO DORTA, RICARDO PLACERES Y BERNARDO PÉREZ forman parte de la junta directiva de la entidad./ p.f.

PEDRO FUMERO, Tenerife

Un colectivo de policías locales de base aspira a tener voz ante el Gobierno autónomo, los ayuntamientos y la sociedad para reivindicar mejoras en su seguridad, en los recursos materiales y en la eficacia del trabajo. Por eso se ha constituido la Asociación Profesional de Policías Locales (APPL) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya primera junta se celebró el día 6 en La Guancha.

El presidente de la entidad es Ricardo Placeres; como vicepresidente figura Ricardo Dorta y uno de los vocales es Bernardo Pérez. Ante todo, aclaran que su labor no busca la lucha sindical, sino perseguir el desarrollo absoluto de la Ley de Coordinación de las policías locales en el Archipiélago, a través del diálogo, las sugerencias o el asesoramiento técnico ante cualquier iniciativa que les afecte. Y es que los miembros de la entidad están convencidos de que, hasta ahora, la administración regional se ha limitado a aplicar la coordinación con la unificación de la vestimenta de los funcionarios y la pintura de los vehículos.

Sin embargo, piensan que aún queda mucho trabajo por hacer en diferentes aspectos, como el aumento de plantillas, la selección de personal, la equiparación de los salarios mínimos, la mejora de los protocolos de seguridad, la prevención de riesgos laborales o la existencia de un programa informático único para gestionar las diferentes funciones, entre otras cosas. En estos momentos, según la normativa, por cada 1.000 habitantes deberían haber 1,8 policías. Pero dicha exigencia no se cumple en casi ningún municipio, ni siquiera en algunos de los más importantes por cifras de población. Bernardo Pérez cita, por ejemplo, el término municipal donde trabaja, La Matanza, con alrededor de 8.000 habitantes. A pesar de que tendría que haber 15 agentes, sólo hay seis. O bien Icod de los Vinos, donde, según la APPL, deberían trabajar 40 funcionarios, pero sólo existen 18. Los representantes de la asociación dicen que, si se aplicaran realmente los ratios estipulados en la legislación, habrá beneficios para todos.

Ahora, la selección de los nuevos policías locales se realiza en cada municipio. Desde el punto de vista de la nueva organización, cada año debería convocarse un concurso de ámbito provincial, en función de las necesidades que existan en todos los ayuntamientos. Para Placeres, Dorta y Pérez, de esa manera el tribunal estaría formado por personas con un nivel alto de cualificación y, además, se reducirían de manera significativa las dudas que puedan surgir sobre la legalidad y limpieza de tales procesos.

Los portavoces de la asociación señalan que, actualmente, las diferencias salariales entre los agentes de un municipio u otro llegan a ser muy elevadas. A pesar de que reconocen que hay ciudades o zonas turísticas, en las que deben cobrarse complementos económicos específicos por una determinada labor, sí defienden que los ingresos mínimos sean iguales en todos los municipios. Y esa situación puede agravarse con la entrada en funcionamiento del cuerpo general de la policía autonómica, cuyos miembros se prevé que estén mejor retribuidos que la mayoría de los policías locales.

Transmisiones

La APPL señala que, en estos momentos, no hay coordinación en los sistemas de transmisiones para avisar de que, por citar un caso, un atracador armado con una pistola huye de un municipio, con el objetivo de que los agentes de seguridad de otras localidades estén preparados por si se tropiezan con él. Según la directiva de la asociación, son los mismos funcionarios quienes avisan a los compañeros de municipios vecinos utilizando sus propios móviles.

Los portavoces de la entidad señalan que los funcionarios trabajan de forma diferente en cada municipio. Por esa razón, echan en falta un protocolo de seguridad en riesgos laborales que pueda ser asumido por un agente desde que se incorpora al cuerpo para evitar todo tipo de incidentes.

Ante la falta de un único programa informático de gestión laboral y base de datos sobre delincuentes y sus antecedentes, requisitorias o vehículos robados, aseguran que no se puede permitir que un individuo sea un "chorizo" en un municipio y en otro término municipal sea considerado "un caballero". En cuanto al dinero o los recursos materiales que reciben los ayuntamientos para atender las necesidades de los policías locales, la APPL estima necesaria una fiscalización o control por parte del Gobierno canario del destino que se da a los recursos económicos o los medios, para evitar que acaben en otras áreas o para otros fines.