E. PRESS, S/C de Tenerife
La presidenta de Coalición Canaria (CC) y ex alcaldesa del municipio de La Oliva (Fuerteventura), Claudina Morales, alega que no concedió la cédula de habitabilidad para las casas de Majanicho, en el municipio del que fue primera edil porque había informes desfavorables.
Así lo declaró Morales ayer ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Puerto del Rosario, José Juzmán Herrero, que se encarga del caso llamado "casas de Majanicho", por un presunto delito de prevaricación por omisión, después de que el magistrado admitiese a trámite la querella del promotor Nombredo S.L.
La empresa sostiene que la nacionalista, durante su época como primera edil de La Oliva, "boicoteó" la venta de las viviendas de la urbanización Origo Mare, en la que se habían proyectado un total de 748 casas en la zona de Majanicho.
En el escrito presentado por Nombredo S.L. se denuncia que el ayuntamiento no otorgó las licencias de la primera ocupación y cédula de habitabilidad de las viviendas de manera "maliciosa", lo que hizo que no se pudieran vender las casas y que produjo un "grave daño económico" al promotor.
Por su parte, Morales rechaza de plano la imputación alegando que no recepcionó en nombre del Ayuntamiento de La Oliva las obras de la urbanización del Plan Parcial Casas de Majanicho porque la entidad querellante no cumplió su compromiso de no solicitar la licencia hasta que estuvieran en condiciones de funcionamiento los suministros de agua, energía eléctrica y las redes de alcantarillado, según se desprende del escrito remitido por la nacionalista al Juzgado.
De igual manera, según la presidenta de CC, hasta marzo de 2007 la urbanización carecía de autorización para la instalación de las preceptivas depuradoras y desaladoras de aguas. La solicitud de estas instalaciones no fue aceptada por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, según la denunciada, hasta el 14 de marzo de 2007.
En la documentación que la dirigente nacionalista entregó al juzgado subraya que en la resolución del Consejo Insular de Aguas se indicaba que la estación desaladora solicitada por Nombredo S.L. fue instalada y puesta en funcionamiento sin autorización, por lo que se solicitó a la empresa que mantuviera fuera de servicio la planta hasta que el citado organismo obtuviera todas las autorizaciones preceptivas.
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