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M.CH., Los Llanos
La primera jornada del juicio abierto contra el alcalde de El Paso, Higinio Máximo Brito, por un supuesto delito de prevaricación cometida hace nueve años, en su primer mandato, y contra el promotor Ricardo Barrios, por una presunto infracción urbanística, puso en evidencia el error en cadena cometido por varios departamentos del Ayuntamiento de El Paso en la tramitación de la prescripción firmada en enero de 2001 a favor de una vivienda del citado empresario, un hecho ratificado en una intervención determinante realizada mediante videoconferencia por un técnico jurista de la Viceconsejería de Ordenación.
El juez, Fernando Paredes Sánchez, instructor del Juzgado de lo Penal Número 6 de Santa Cruz de Tenerife, escuchó con detenimiento las conclusiones del informe elaborado por el perito judicial técnico, Eduardo Risueño. De sus argumentos se extrae la imprudencia cometida en la elaboración de los informes técnicos municipales que sirven de argumento al alcalde para reclamar su inocencia en el caso del supuesto delito urbanístico cometido en Tacande y que se juzga en estos momentos, con una reclamación de ocho años de inhabilitación por parte del Ministerio Fiscal, tal y como ya informó EL DÍA.
El perito judicial aclaró el grave error en cadena: "Había parte de la vivienda ilegal que fue prescrita, con obras que eran recientes, de entre 1998 y 2000", un dato determinante teniendo en cuenta que la denuncia fue en diciembre de 2000. Así, añadió, "se concluyó que no habían transcurrido los 4 años de caducidad que se requieren para poder legalizar la edificación. De los 80 metros cuadrados nuevos, de obra anexa, sólo 13 metros cuadrados podrían prescribirse".
Los errores técnicos no quedaron ahí. Los urbanistas trasladados a La Palma detectaron partes "muy nuevas" en la vivienda, "pese a que la oficina técnica municipal no lo recogió así". Y es que, según asegura el informe, "el arquitecto tenía que haberse pronunciado sobre la antigüedad de la obra, pero no se desplazó al lugar. Es decir, informó de la prescripción de una vivienda, sin verla y sin referirse a su antigüedad en ningún momento". Lo curioso es que el informe técnico fue solicitado de nuevo meses después por el alcalde y volvía a avalar la prescripción de la obra ilegal.
Estos informes técnicos, concretó el perito judicial Eduardo Risueño, "está claro que no son vinculantes, pero sí aportan datos sobre los que se toman las decisiones de la Alcaldía". En cualquier caso, aclaró que, por otra parte, "el alcalde podía haber unido los dos expedientes reclamados, la denuncia contra la nave que luego se precintó y la prescripción que el afectado hacía de una vivienda situada a pocos metros".
El jurista de la Viceconsejería también dijo que era la primera vez que informaba para un juicio sobre una prescripción sin resolver a nivel administrativo. Así, el juzgado requerirá para la segunda parte de la vista judicial, que se celebrará el 20 de noviembre, la testificación del técnico urbanista que acompañó al jurista en aquella visita a El Paso.
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