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CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
La Administración canaria se emplea a fondo para ceñirse a su promesa de "mover cielo y tierra" a fin de evitar el pago de los más de 100 millones de euros que está obligada a consignar a Canteras de Cabo Verde en concepto de indemnización por el denominado "caso Tebeto". Siguiendo el guión anunciado, y sin sorpresas de última hora, el presidente regional, Paulino Rivero, anunció ayer en sede parlamentaria que "sin garantías no se pagará ni un céntimo".
Rivero aludía así a la estrategia puesta en marcha por los servicios jurídicos del Ejecutivo canario que, tras estudiar a fondo el margen de actuación que todavía le queda en un expediente criticado hasta el cansancio por sus abundantes errores y omisiones, ha desembocado en la peor condena a la que ha enfrentado la Comunidad Autónoma en su historia.
El viernes pasado, ya en los últimos días hábiles antes de que expirara ayer el plazo otorgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que el Gobierno hiciera efectivo la primera parte de la indemnización por cerca de 33 millones, la Administración formalizó un recurso de súplica ante este órgano judicial en el que planteó la falta de adecuación del aval conseguido en su momento por Canteras de Cabo Verde para exigir el pago.
Como se recordará, el TSJC impuso a esta empresa la obligación de conseguir un aval para poder cobrar la indemnización. Al tratarse de la ejecución provisional de una sentencia que puede ser revocada por el Tribunal Supremo o el Constitucional, el Gobierno debe contar con alguna garantía que le asegure la devolución de las cantidades que consigne ahora, así como los intereses de mora, si al final el fallo le favorece.
Pero el aval, que la empresa obtuvo del Lloyds TSB Bank, reza textualmente que "cobrará vigencia a partir del momento en que Canteras de Cabo Verde reciba en la cuenta que mantiene abierta en esta entidad 101.132.904,20 euros, que el Gobierno de Canarias, en cumplimiento de la sentencia objeto de ejecución provisional, habrá previamente consignado en la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales del TSJC".
Nuevo aval
Al momento de constituir el aval, el TSJC todavía no había acordado el fraccionamiento de la indemnización en tres partes, sino que Canteras de Cabo Verde esperaba un único pago por la cantidad completa (101 millones de euros). Pero ahora, tras la decisión de este órgano judicial que ordenó dividir su pago, el aval ya no se ajusta al nuevo supuesto, por lo que tampoco garantiza la devolución de las cantidades parciales que consigne el Gobierno.
La semana pasada el TSJC desestimó una solicitud del Gobierno para aclarar "si el aval cubre en todo momento los intereses de demora que la entidad demandante vaya percibiendo del Gobierno de Canarias durante los próximos tres años" con el argumento de que "la parte dispositiva del auto no puede ser más clara".
Pero el Gobierno no lo ve tan claro. Rivero explicó ayer que el aval "no garantiza" la devolución de las cantidades y por eso, el Ejecutivo pidió el viernes al TSJC que obligue a Canteras de Cabo Verde a "adaptar o presentar un nuevo aval" antes de hacer el pago.
"Al haberse planteado esta cuestión dentro del plazo para hacer el primer pago, el Ejecutivo no incurrirá en desobediencia por no realizarlo, sino que el TSJC deberá decidir primero este asunto", aclaró un escritorio jurídico canario consultado por este periódico.
"A diferencia de las actuaciones anteriores, esta vez parece que los servicios jurídicos sí están empleándose a fondo para no dejar pasar las oportunidades de defensa", añadieron los juristas.
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