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MAIKEL CHACÓN, Los Llanos
El Juzgado de lo Penal Número 6 de Santa Cruz de Tenerife se trasladó ayer a las dependencias judiciales de Los Llanos de Aridane para llevar a cabo la primera parte de la vista oral en el juicio abierto contra el alcalde de El Paso, Higinio Máximo Brito (CC), acusado de un supuesto delito de prevaricación al permitir presuntamente la comisión de una infracción urbanística durante su primer mandato, hace nueve años, al frente del Ayuntamiento pasense.
Junto a él, en el banquillo de los acusados se sentó el promotor Ricardo Javier Barrios Morales, acusado de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal reclama una inhabilitación de ocho años para el mandatario local, así como un año de prisión para el constructor.
Los hechos hablan de que se edificó en suelo rústico (zona de Tacande) y sin licencia municipal, antes de que Brito fuera alcalde, una nave o almacén-garaje, junto a varias infraestructuras anexas para ampliar la vivienda en donde reside, con un total de 500 metros cuadrados en conjunto. Aunque la nave fue paralizada y precintada tras la intervención del Seprona, sobre la vivienda ampliada recayó, pocas semanas después de la denuncia, un decreto de la Alcaldía que declaraba la prescripción (caducidad) de una infracción urbanística considerada grave.
El juicio para determinar el alcance de los hechos denunciados fue presidido por el juez instructor Fernando Paredes Sánchez. En la sala comparecían primero los dos acusados, con el interrogatorio protagonizado por la fiscal y los abogados de la defensa y la acusación. Luego, la acusación particular formada por los hermanos Pedro Javier y Ana Marlene Moreno Pérez.
Los tres informes.- Máximo Brito se declaró inocente. Aseguró que su decisión se basó en la existencia de tres informes técnicos favorables: el de la Policía Local (sobre la antigüedad de la vivienda), el del arquitecto y el de los Servicios Jurídicos. Además, se refirió a que el Seprona de la Guardia Civil sólo actuó contra la nave, no contra la vivienda, por lo que "entendí que había superado los plazos que marca la Ley para la caducidad de la infracción".
Ante un aluvión de preguntas de la fiscal y los abogados, mostró su convencimiento de que hubiera sido irregular negar su firma a una prescripción informada favorablemente. Al respecto, afirmó: "Mi formación es de maestro y si hoy en día me encuentro con informes técnicos favorables actuaría de la misma manera que lo hice".
El alcalde negó cualquier relación amistosa con el otro acusado, sólo dijo estar vinculado a la intervención en contratos públicos administrativos de las obras que salían a concurso. Además, aseguró que "tampoco sabía que era amigo o conocido del teniente de alcalde y socio de gobierno Jesús Manuel Rodríguez (PP por aquel entonces), al que el constructor le había arreglado su casa particular".
Además, Brito afirmó que no hubo relación entre la denuncia previa de la familia y la celeridad con la que el ayuntamiento solventó la prescripción urbanística a favor de Barrios: "No sabía que se trataba de la misma persona. Sólo me fijé en los informes técnicos. No había pruebas que dijeran lo contrario y la acusación tampoco las aportó".
Además, concretó, "dos meses después, a requerimiento de la oposición (PSC), solicité un nuevo informe técnico que certificó lo mismo, que la prescripción de la infracción urbanística era correcta".
"No pedí ayuda al alcalde".- Por su parte, Barrios reconoció que había cometido una ilegalidad con la construcción de su vivienda y de la nave, aunque en la primera "es cierto que ha prescrito". Sin embargo, la fiscal se centró más en intentar encontrar un enlace más directo entre el promotor de la obra y el alcalde, algo que negó tajantemente el acusado: "Aunque me ha invitado a realizar obras municipales, la relación se queda ahí, como a cualquier otro que llama para hacer trabajos".
Así, en cuanto a la prescripción que solicitó tras conocer la denuncia aseguró que "nunca hablé con el alcalde para que arreglara el problema. Sólo era el momento de presentar la solicitud". Además, afirmó que "no supe hasta hace poco que las obras invadían el suelo que se requiere para el retranqueo con la finca de la parte denunciante". Pese a eso, consiguió la cédula de habitabilidad para llevar electricidad hasta su vivienda.
El promotor dijo que actuó como "muchos otros en suelo rústico, pidiendo licencia para garaje y construyéndome una casa. No sabía que cometía un delito para ir a la cárcel, sino más bien que era una infracción para una sanción administrativa".
ACUSACIÓN
Un trato de favor
Los denunciantes no tienen dudas, hablan de “trato de favor”. Según trasladaron al juez, “dos años antes de la denuncia, la ampliación de la casa no existía, pero se prescribió la infracción porque se firmó que habían pasado más de cuatro años”. Esa prescripción se pidió tras haberse presentado la reclamación en el ayuntamiento. Luego, “el alcalde nos dijo que no se había prescrito nada, pero ya había firmado (según documentación presentada por la fiscal). Máximo Brito sabía quien era el promotor, que era amigo del teniente de alcalde”. Además, las fotos de Grafcan del año 1996 no dejan dudas, la vivienda no estaba ampliada entonces y la Policía y los técnicos la situaron en 1994.
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