EL DÍA, S/C de Tenerife
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el nuevo Plan de Vivienda autonómico, que, según el Ejecutivo, supondrá "un estímulo importante" para la economía del Archipiélago, ya que contempla movilizar 2.846 millones de euros hasta 2012.
La meta principal del plan es mejorar el acceso a una vivienda a 135.000 familias isleñas, lo que supone incrementar en un 50% los objetivos estipulados en el anterior programa (89.000).
La consejera autonómica del área, Inés Rojas, remarcó ayer que "dada la coyuntura económica actual", en el Plan 2009-2012 será "prioritario" el impulso a la rehabilitación y reposición de viviendas, "que, además de mejorar la calidad y accesibilidad de las mismas, generará una potente actividad económica y, en consecuencia, puestos de trabajo". Este apartado concentrará 46.405 actuaciones, un 95% más que las previstas en el anterior documento.
Al fomento del alquiler se dedicarán 32.605 iniciativas (un 17% más), con la idea de facilitar la movilidad laboral, mientras que otras 29.305 irán específicamente dirigidas a los jóvenes, debido a que en este segmento de la población las dificultades para encontrar piso son mayores. Estas últimas acciones suman un 86% más que en el plan 2005-2008.
El incremento de las ayudas para rehabilitación permitirá, según Rojas, ayudar a mejorar los inmuebles de muchas más familias, comunidades de vecinos y barrios degradados, mejorar el parque público de viviendas actual sin consumir más suelo y mantener y crear empleo en la construcción.
El plan aprobado ayer también contempla medidas transitorias y excepcionales que, junto a sus líneas maestras, "dinamizarán la economía canaria, potenciarán el acceso a las familias con menores ingresos y apoyarán la sostenibilidad del territorio", resaltó el Ejecutivo en una nota. Una de ellas es la "posibilidad" de que 2.000 viviendas terminadas se alquilen por 50 euros al mes a familias con ingresos inferiores a 10.000 euros.
De la cantidad total que movilizará el nuevo Plan de Vivienda, 2.008 millones proceden de la inversión privada, fundamentalmente préstamos hipotecarios, y 838 de la Administración (el 72% del Gobierno autónomo).
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