C. ACOSTA, S/C de Tfe.
El Gobierno de Canarias se ciñe al mismo guión que empleó hace dos semanas en el denominado "caso Tebeto". El portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, comunicó ayer que el presidente autonómico, Paulino Rivero, anunciará "novedades" hoy en sede parlamentaria sobre este asunto, tal y como ya sucedió en vísperas del último pleno celebrado el 7 de este mes.
Menos contundente se mostró al referirse al escenario legal que enfrentará el Ejecutivo si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se pronuncia en contra del recurso de súplica que la Administración presentó ante este órgano judicial para conseguir más tiempo a fin de reunir los cerca de 33 millones de euros que debe consignar hoy, a más tardar, como indemnización a la empresa Canteras de Cabo Verde.
Como se recordará, el órgano había decidido que la ejecución de la sentencia provisional de este caso se llevaría a cabo en un pago único, pero tras las peticiones del Gobierno acordó dividir los 102 millones de la indemnización en tres partes, de las que la primera debe satisfacerse hoy y las restantes en los próximos dos años.
El Gobierno ya ha avisado de que no cuenta con el dinero completo y que sólo podrá entregar, como mucho, unos diez millones. Para conseguir el resto debe tramitar un expediente de modificación presupuestaria, lo que le llevará varias semanas más.
"El Ejecutivo no se pronuncia sobre hipótesis, tendría que ser un hecho cierto para hacerlo", respondió Marrero ante una pregunta sobre la actuación que seguirá la Administración si el TSJC deniega concederle más tiempo para hacer el pago.
"Primero habrá que conocer los términos del auto del TSJC para, a partir de ahí, estudiar la mejor estrategia jurídica posible a seguir, tal y como se ha hecho hasta la fecha", señaló el portavoz del Gobierno. "Pronunciarse sobre cosas inexistentes es complicado".
Marrero "entiende el interés" que despierta el asunto, pero pide comprensión para que sea el presidente autonómico, en sede parlamentaria, el que explique "en su momento y sin perjudicar la estrategia del Ejecutivo" qué es lo que se está haciendo con este asunto.
Sin fisuras
Marrero también respondió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a las críticas vertidas sobre la Ley de Comercio y la de Participación Ciudadana por el portavoz del Partido Popular (PP), Miguel Cabrera, formación que es socia de gobierno de los nacionalistas.
Al respecto, Martín Marrero señaló que esos dos proyectos de ley contaron en su momento con la aprobación "unánime" de todos los miembros del Consejo de Gobierno, "incluidos los del PP", que son cuatro de los diez que lo conforman.
En relación a la Ley de Comercio, el portavoz oficial señaló que la norma obedece a la obligación de trasponer la directiva sobre liberalización de los servicios, también conocida como Bolkestein, al derecho canario.
La norma, aclaró Marrero, "sólo retoca los horarios comerciales en las zonas turísticas".
En relación al otro proyecto de ley criticado por el PP, el de Participación Ciudadana, el portavoz del Ejecutivo autonómico considera que existe un "abismo" entre su contenido "y lo que se dice que contempla esa norma".
Marrero también defendió esta normativa con el argumento de que la Administración autonómica atendió las sugerencias pronunciadas por el Consejo Consultivo de Canarias.
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