La nueva Ley de Comercio canaria genera rechazo entre los empresarios

FERNANDO FRAILE, durante su intervención en la Real Económica./ cedida

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

Tiene aspectos "muy positivos", pero no deja plenamente satisfecho a nadie. El proyecto autonómico de Ley Reguladora de la Licencia Comercial, ya aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento de Canarias, puede tener serios problemas si no se modifica en su inminente debate, según la mayoría de las patronales del ramo, que sostienen que adolece de subjetividad e incluye criterios expresamente prohibidos por la Comisión Europea, que podría incluso sancionar a las Islas.

El proyecto, que emana de la transposición de la directiva comunitaria de liberalización de los servicios, que entra en vigor en enero -para entonces ya deberían estar listos los cambios en las leyes nacionales y autonómicas afectadas-, mantiene restricciones al establecimiento comercial en función, básicamente, de la defensa del medio ambiente y del territorio. Son criterios aceptados por Bruselas y aplicables en Canarias que ha defendido el Ejecutivo isleño, en cuanto a que se imponen en una región insular, fragmentada y en buena parte protegida.

Lo que no permite la ley son las cortapisas de tipo económico o demográfico, que, en opinión de las asociaciones autonómicas de supermercados (Asuican) y de los medianos y grandes distribuidores (Asodiscan) se incluyen en la nueva normativa. Eso sí, según la Dirección General del área, ésta cuenta con el visto bueno del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Unión Europea.

La objeción principal de Asuican se centra en el artículo 4.2, que dispone qué se considera gran establecimiento comercial y, por tanto, requiere licencia. Aquellos que, de manera "discontinua", señala el texto, superen los 7.500 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria (en el resto de islas las superficies son menores) entrarían en esta categoría.

Arbitrariedad

Es decir, que una cadena determinada se "discrimina" en favor de otra por el mero hecho de ya estar implantada en las Islas "en conformidad con lo que la ley dice", apunta el secretario general de la asociación, Alonso Fernández. "No entendemos, si hablamos de cuidar el impacto sobre el medio ambiente y el territorio, de qué forma distinta puede afectar a un mismo espacio la instalación de un supermercado que se llame de una manera y no de otra. Y con datos en la mano -prosigue- podemos demostrar que cuanto mayor sea la cadena menos perjudica, ya que contará con una economía de escala que, por ejemplo, optimizará la gestión de sus residuos".

Para Fernández, de sacarse adelante ese artículo en su redacción actual, "va a haber problemas con Bruselas porque habla de capacidad económica del operador, que no es uno de los criterios a evaluar. Creemos que la Comisión va a actuar de oficio y lo va a sancionar directamente".

Por su parte, los grandes operadores, que en las dos islas capitalinas tendrán que pedir licencia si exceden los 2.500 metros cuadrados de superficie, consideran que, más allá de esta limitación, los principios que se aplican "son muy subjetivos y van en contra del espíritu de la directiva. La planificación económica va un poco encubierta, pero en el proyecto se habla de empleo o calidad -condiciones a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de otorgar o no la licencia, según el artículo seis-", señala el secretario general de Asodiscan, Álvaro Rojas, quien advierte de que el "tufillo intervencionista" del texto ocasionará "dificultades" cuando llegue a Bruselas.

De "absolutamente subjetivos y, por tanto, arbitrarios" califica el responsable de los servicios jurídicos de la Confederación Regional de Comercio (Coreco), Carlos Ravelo, los baremos fijados por la Dirección General del área. Le "sorprendería", dice, que la ley "pasara el filtro" comunitario.