SE HA CELEBRADO el solemne acto de la apertura del año Judicial en Canarias. Mientras se desarrollaba el brillante -y, al propio tiempo austero- programa pasaron por mi mente, en acelerada sucesión, los casi sesenta años que llevo dedicados profesionalmente al ejercicio de la abogacía. Y también, mentalmente, decía adiós a las muchas tradicionales instituciones judiciales, ante las que he impetrado justicia, muchas de las cuales ya han pasado a ser historia, por mor de la nueva demarcación y plantas judiciales.
Hemos de alegranos de ese esplendoroso acontecimiento recientemente vivido, en el que alentaban palabras de esperanza en orden a una fluida y eficiente función judicial. Así cabe esperarlo de los hombres -todos ellos renombrados juristas- que asumen la augusta misión de impartir justicia en las Islas, y a quienes deseamos fervientemente el mayor de los éxitos en la difícil encomienda que se les asigna.
Decía un gran abogado uruguayo, el decano Couture, que en el procedimiento, el tiempo es algo más que oro: es justicia. Pocas dudas pueden existir en torno a que uno de los más graves problemas que gravitan hoy sobre la eficacia de la Justicia es el de la reforma procesal. Es una de las cuestiones que más acucian al legislador, a la gran magistratura y a la abogacía, y, en definitiva, al justiciable, que es titular de inalienables derechos constitucionalmente consagrados.
El proceso civil español fue descrito, con expresión feliz, por Goldschmidt, como "un recipiente liberal del siglo XIX, en el que se ha vaciado el vino antiguo del proceso comúin de los siglos pasados". La caracterización nos parece muy expresiva: los principios que informan nuestro proceso son los específicos del liberalismo individualista de la última centuria, mientras que el procedimineto sigue las pautas marcadas en el siglo XIII por las Partidas.
No es posible olvidar que son numerosos los procedimientos judiciales de diversa jerarquía que a diario se promueven ante unos Juzgados y Tribunales absolutamente sobrecargados de trabajo, y carentes, en infinidad de casos, de los más elementales medios materiales.
Las cifras no engañan: en nuestro Derecho procesal pueden contarse, además de los tradicionales y conocidos procedimientos ordinarios, muchísimos tipos de procesos dentro de la Ley de Enjuiciamiento, y treinta y nueve fuera de ella -según señala Herce Quemada en un significativo estudio sobre la proliferación de los procesos civiles-, lo que pone de manifiesto la complejidad de la función jurisdiccional.
La pregunta surge de modo insoslayable. ¿Es nuestro proceso civil actual al instrumento adecuado para la realización de la justicia? Sin entrar en las causas que dan lugar a estos efectos, hemos de responder de modo negativo. ¿Hacen falta más jueces? ¿Han proliferado los litigios? ¿Se requieren nuevos medios materiales?
El problema es, pues, de todos y a todos nos afecta: a los legisladores, a quienes ostentan la gobernación del país, a los jueves, fiscales, abogados, procuradores, y a la sociedad en general, que debe clamar, desde las diferentes perspectivas, la reforma procesal más adecuado a un Estado moderno. Y, a los abogados del turno de oficio que por una exigua remuneración -que se quiere reducir- consiguen con su diario esfuerzo lograr que la máquina de la justicia siga rodando.
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