El juez imputa al ex alcalde y tres ediles por un complejo fotovoltaico

J.A. MEDINA, Granadilla

El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Granadilla de Abona emitió un auto el pasado 23 de septiembre en el que decide interrogar al ex alcalde del municipio, Jaime González Cejas, así como a los ex concejales del último gobierno local Nicolás Jorge, José Antonio González y Fidel Rodríguez, en calidad de imputados para "determinar la legalidad del procedimiento de contratación del complejo fotovoltaico relativo a 70 placas" que ya está instalado en el Polígono Industrial granadillero.

De esta forma, su señoría estima una parte de la ampliación de la denuncia que presentó el gobierno municipal actual (CC-PP-Sí se Puede) contra el que le antecedió (PSC-PSOE) y admite la solicitud de los gobernantes actuales, formulada el pasado 29 de abril, en este sentido.

Al tiempo, el juez desestima gran parte de la ampliación planteada por el gobierno municipal rechazando, por tanto, la imputación de los anteriores gestores municipales por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Estas acusaciones afectaban a los también ex concejales del último grupo de gobierno socialista Ana María Casimiro Pérez, Fidel Rodríguez Gaspar y Nicolás Jorge Hernández. En el caso de este último, mantiene únicamente la acusación de supuesta prevaricación por el procedimiento seguido en la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el municipio.

El juez afirma que en este supuesto "sí se produce una contravención objetiva, clara y flagrante del procedimiento administrativo. Tanto es así que no se tramitó procedimiento alguno para la contratación del informe".

En cuanto a Fidel Rodríguez, su señoría desestima la denuncia por presunto delito de malversación porque el expediente presentado "especifica cómo una partida transmitida por Grasur S.L. (empresa pública municipal) corresponde al pago del presupuesto", con lo que el juez entiende que está justificada la actuación del ex concejal.

En cuanto al supuesto delito de tráfico de influencias atribuido a la ex concejal de Cultura Ana Casimiro, su señoría entiende que el grupo de gobierno actual no acredita fehacientemente lo que denunció, que consistía en señalar que los adjudicatarios de las subvenciones y contratos que ella firmó eran amigos suyos. El juez considera que "la escasez de indicios de delitos o de elementos de cualquier tipo no justifica tal insinuación".