La Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) advirtió ayer, en una carta remitida al presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, de que la "intención" del Ejecutivo de incrementar los impuestos sobre los cigarrillos rubios "puede impactar de forma negativa no sólo en el subsector tabaquero, sino también en la actividad económica de las Islas por su repercusión en la industria auxiliar, en la actividad comercial y en el empleo".

La CEOE-Tenerife recordó en la misiva, que también fue enviada a los medios informativos, que la capacidad normativa en el ámbito de la fiscalidad del tabaco de la que se beneficia Canarias ha permitido que esta industria "haya sido una de las más florecientes del mundo, conviviendo en ella una amplia gama de marcas de cigarrillos de diversos precios y tipos".

Según la patronal, "la intención de subir el tipo del 35% correspondiente al IGIC, así como de introducir un impuesto especial sobre el tabaco supondría un cambio de modelo fiscal que llevaría a la desaparición de las marcas canarias, que se verían obligadas a igualar sus precios con las internacionales y perderían así su única ventaja competitiva". Al mismo tiempo, agregó, "se reduciría la gama de marcas presentes en nuestro mercado en beneficio de las de precio más alto".

El presidente de la CEOE-Tenerife, José Fernando Rodríguez de Azero -firmante de la carta- considera que "ante el importante valor añadido que la menor presión fiscal deja en la industria tabaquera y el comercio de Canarias frente al territorio nacional y europeo, y dadas las consecuencias económicas y sociales que la pretendida subida impositiva acarrea, especialmente en el actual contexto económico, es imprescindible, como requisito para abordar un posible cambio del actual modelo fiscal, que se realice previamente un estudio del impacto" práctico de la medida anunciada.

De igual forma, la Confederación provincial solicita que dicha iniciativa sea objeto de negociación en el marco de la concertación social, "debiendo ser previamente oídos los representantes del subsector tabaquero, y haberse tomado en consideración el Dictamen 3/2005 del Consejo Económico y Social del Archipiélago solicitado por el propio Gobierno autónomo sobre la industria tabaquera de Canarias, así como el compromiso asumido por el mismo Ejecutivo en la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, refrendada en el Pacto Social por la Economía y el Empleo, firmado el pasado 4 de junio".