Solicitan la ejecución forzosa del fallo que obliga al cierre de 86 farmacias

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Los representantes legales del farmacéutico que denunció irregularidades en los criterios de baremación de las bases creadas para el concurso de adjudicación celebrado en 2001 por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han solicitado la ejecución forzosa de la sentencia de junio de este año por la que el Tribunal Supremo le daba la razón a su cliente y que dejaba sin efecto alguno dicho concurso.

Concretamente, el pasado viernes se presentó ante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria la solicitud de ejecución forzosa, puesto que ya han transcurrido dos meses desde que se dictara la sentencia que declaraba la nulidad de la adjudicación de farmacias y se venciese el plazo determinado por el propio fallo para restituir los derechos del demandante.

"Estamos pidiendo, ni más ni menos, que se cumpla la sentencia del 30 de junio de 2009 por la que el Tribunal Supremo obliga a la Consejería de Sanidad a declarar nulo el concurso de adjudicación de farmacias de 2001 por un defecto de forma", explica el letrado Juan Carlos Melián, que asegura que "aunque la aplicación de la sentencia se demore, es inevitable que se produzca, porque existe un mandato judicial claro al respecto".

En este sentido, Melián recuerda que, por el momento, desde la Consejería de Sanidad no se ha realizado movimiento alguno al respecto y que se sigue actuando con "total normalidad", como si ese acto no hubiera sido anulado, "ni siquiera le han comunicado a la Sala algún motivo que le imposibilite dar cumplimiento al fallo, por lo que nosotros entendemos que no hay problema al respecto y exigimos que se ejecute".

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se trata de una sentencia declarativa, el Gobierno podría solicitar a los tribunales que le aclaren cómo ejecutar dicho fallo, habida cuenta de los enormes perjuicios que se podrían crear si efectivamente se ha de proceder al cierre de 86 farmacias que llevan en normal funcionamiento casi una década.

Este proceso serviría para postergar otros seis meses la ejecución del fallo, si bien parece poco probable que impida que se proceda a la anulación formal del concurso y por tanto al cierre de farmacias.