La aplicación de la directiva europea sobre las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras dentro de la Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, "supondrá para los avicultores tinerfeños un coste de 42 millones de euros, sólo en lo que se refiere a la compra de jaulas adaptadas a la nueva normativa", según calcula el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina.

Al respecto, puntualiza que "teniendo en cuenta que cada jaula cuesta 42 euros y que en la Isla hay en torno a un millón de gallinas, las cuentas son fáciles".

No obstante, recalca que, "aún a pesar del importante monto económico que tenemos que afrontar, ninguna administración se ha mostrado receptiva con nosotros en el sentido de facilitarnos parte de los fondos necesarios para cumplir con las exigencias comunitarias".

A su juicio, "el problema estriba en que "desde la Unión Europea se toman muchas medidas sin pensar en el coste que acarrearán y en que, como ha ocurrido con esta ley, no viene acompañada de una ficha presupuestaria que nos ayude a llevar a cabo las reformas".

De hecho, subraya que "hasta la fecha hemos tenido varias reuniones con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ejecutivo autonómico en las que le hemos explicado el enorme gasto que implica poner en marcha esta serie de medidas, pero no vemos que vaya a haber partidas específicas para sufragarlas".

En esta línea, especifica que, "aunque estemos hablando del año 2012, el sector primario de las Islas no tiene hoy ninguna capacidad para hacer frente a la inversión que requiere la normativa".

El titular de Agate aclara: "Para nosotros no habría ningún inconveniente en aplicar el contenido de la ley europea si contáramos con los recursos adecuados".

Por tanto, demanda el establecimiento de "un plan, con su correspondiente partida económica, con el objetivo de que los propietarios de las explotaciones de aves de puesta se puedan adaptar", algo que considera vital, "sobre todo en estos momentos, en los que ni siquiera hemos recibido la ficha adicional del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e Insularidad (Posei) que se nos había concedido".

Molina agrega que la ley de Bienestar Animal traerá aparejados otra serie de inconvenientes como el de la densidad de gallinas por metro cuadrado, que no podrá superar las 9, y las características de las jaulas, lo que, en definitiva, se traduce en que cada una ocupará el doble de espacio que hasta ahora".

De este modo, argumenta que "el que quiera mantener su actividad actual tendría que ampliar las explotaciones, construyendo nuevas naves, con todo lo que ello significa desde el punto de vista económico, y a lo que además se le suman las dificultades derivadas del alto coste de los terrenos y la limitación del suelo, las pegas que están poniendo los bancos para conceder los préstamos para afrontar las obras y las trabas de los ayuntamientos al conceder las licencias pertinentes".

Ante este panorama, sostiene que la mayoría de los ganaderos están abocados a reducir su producción a la mitad y, como consecuencia directa, prescindir de parte del personal".

Incluso, comenta que, pese a que todavía es pronto para hacer un cálculo pormenorizado de todo esto, está claro que "algunas granjas se verían obligadas a cerrar".

El máximo representante de los ganaderos tinerfeños matiza que "buena parte de los países de la UE también tendrán que acondicionar sus explotaciones a la ley de bienestar animal en el mismo plazo que nosotros, pero hay casos como Alemania, que precisamente es quien la ha promovido, que ya está completamente adaptada, pero porque lleva años trabajando en ello y con financiación estatal".

En este contexto, asevera que "en todo el territorio nacional habrá dificultades para cumplir con la nueva norma, pero por el propio hándicap de la insularidad y la doble insularidad del Archipiélago, aquí la situación será todavía peor".

Desabastecimiento

Al margen de las consecuencias directas para el sector primario de las Islas, Molina advierte de las repercusiones para los consumidores ya que "el mercado quedará desabastecido de huevos de granjas locales, cuya carencia se verá paliada con la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios, con lo que, además de la pérdida de frescura, se producirá la paradoja de que a estos no se les exige cumplir con la nueva ley".

Así, apunta que "se da la circunstancia de que los ganaderos marroquíes están comprando las jaulas que no se permiten en Canarias, por lo que estamos convencidos de que Marruecos ocupará dentro de unos años el vacío que dejarán nuestras explotaciones avícolas".

Mientras, el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Henry Sicilia, critica "el doble rasero de Bruselas al exigir una serie de requisitos para los productos elaborados en la UE que, sin embargo, no se aplican a los importados desde terceros países, que llegan hasta el consumidor sin ninguna cortapisa".

Por último, ironiza al afirmar que "la ley de bienestar animal es una normativa diseñada por un señor desde un despacho de Europa que te está pidiendo para los animales cosas que probablemente no tengas ni a disposición de tu familia en tu casa, como una sala de partos específica para las vacas o unas condiciones para las gallinas a las que prácticamente sólo les va a faltar un dinamizador para que las tenga entretenidas como en los hoteles".