Sólo cinco ayuntamientos se acogen a la medida para el pago de facturas pendientes

SANTA CRUZ, CANDELARIA, SAN MIGUEL, ARAFO y TEGUESTE facilitarán el pago de las deudas pendientes con empresas y autónomos./ el día

N. VIZOSO, S/C de Tenerife

El Gobierno central pagará las facturas pendientes de sólo cinco ayuntamientos de Tenerife por una cuantía total de 28.821.939,5 euros, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda. De esta forma, los consistorios de Santa Cruz de Tenerife, Arafo, Candelaria, Tegueste y San Miguel de Abona se acogen al Real Decreto Ley 5/2009, de 24 de abril, por el que se autorizó a los ayuntamientos y otras entidades locales a realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, incluyendo las facturas pendientes con empresas y autónomos.

El ayuntamiento que más dinero recibirá para poder pagar las deudas pendientes con empresas y autónomos es el de Santa Cruz de Tenerife, que ha concertado operaciones de endeudamiento por 20.332.496,68 euros. Le siguen, aunque a mucha distancia, los de Arafo, con una cuantía de 3 millones de euros; Tegueste, con 2,5 millones de euros; Candelaria, con 1.705.294,94 euros, y San Miguel de Abona, con 1.284.147,88 euros. El resto de ayuntamientos no se ha acogido al citado Real Decreto Ley.

Esta medida estaba específicamente destinada a aquellos ayuntamientos y entes locales con tesorería negativa a 31 de diciembre de 2008 para favorecer la actividad económica de las empresas y autónomos y contribuir a la solución de sus problemas de liquidez, al facilitar el pago de sus deudas pendientes con las entidades locales.

Amortización en seis años

Las operaciones de endeudamiento bancario que se han aprobado debían tener un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia y, desde la concertación de la operación, las entidades locales disponían de un mes para cancelar las deudas pendientes con proveedores. Asimismo, el plazo para concertar la operación de endeudamiento era de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, lo que permitía establecer un período máximo de cuatro meses para la ejecución de esta medida.

Por último, los ayuntamientos que se han acogido a esta medida también han tenido que aprobar un plan de saneamiento por idéntico período al de la operación financiera, así como presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una certificación del pago de las deudas abonadas a sus proveedores, con el que garantizar la colaboración en la liquidez empresarial.