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HUMBERTO GONAR, Tenerife
El ayuntamiento de la capital tinerfeña se enfrenta a un nuevo conflicto judicial que sigue su cauce ante los tribunales después de que la empresa concesionaria de la gestión de los siete cementerios de Santa Cruz de Tenerife haya interpuesto una demanda contra la Corporación local por el impago de 3.018.986,03 euros. La deuda reclamada corresponde a las tasas de mantenimiento que debía haber abonado la Administración local entre los ejercicios 2001 y 2006, que se refiere a las tasas de mantenimiento de los servicios de cementerios municipales.
El origen del conflicto al que ha tenido acceso EL DÍA se debe a que hasta 1997 el ayuntamiento cobraba una tasa de mantenimiento por los nichos de adultos, de restos o panteones adquiridos durante 99 años. Dicha recaudación la ingresaba la empresa concesionaria de la explotación y se comprometía a abonar un 5% de lo recaudado al ayuntamiento.
Sin embargo, entre 1998 y 2000 ambas partes acordaron de mutuo acuerdo suprimir durante ese trienio dicho canon, obligándose las partes a retomarlo a partir de 2001, según consta en la demanda de la concesionaria. La suspensión de la tasa se debía a una compensación económica entre las partes, pues el ayuntamiento cedió a la concesionaria del servicio una parcela colindante al cementerio de Santa Lastenia, donde se construyó el tanatorio.
Mientras los demandantes consideran que el acuerdo de no cobrar las tasas era de aplicación sólo entre 1998 y 2000, los juristas de la administración local entienden que no hay nada que reclamar porque desde 1999 desapareció de las ordenanzas municipales la tasa de mantenimiento de cementerios. Es más, a juicio del letrado municipal, la empresa concesionaria no sólo no hace nada cuando se suprime la tasa sino que transcurridos seis años exige todo el período que considera adeudado.
La demanda, que se argumenta en 36 folios a los que se suma una numerosa prueba documental, está en trámite en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1. Desde su presentación, el 20 de febrero de 2008, el ayuntamiento ha fracasado en su intento de que admitieran su recurso y se paralizara su tramitación, por lo que continúa el cauce procesal de los autos.
Privatización del servicio
El ayuntamiento de la capital tinerfeña privatizó el mantenimiento y servicio de los siete cementerios de Santa Cruz el 15 de febrero de 1995, encomendándole la gestión de los referidos camposantos a la única empresa que concursó, Cetensa Canarias, obteniendo la gestión hasta 2025.
Se da la circunstancia de que existieron varios contratiempos en la convocatoria en el concurso de privatización, que obligaron a la Alcaldía a decretar el 21 de diciembre de 1993 la adjudicación de la gestión durante dos años a Cementerios de Tenerife, la misma empresa que más tarde pasa a llamarse Cetensa Canarias. Por tanto, la actual concesionaria gestiona los camposantos desde 1993; agota un primer período de dos años y en la actualidad disfruta de otro que se prolonga hasta 2025.
Desde que el 17 de julio de 1992 se iniciara la privatización de los cementerios, el ayuntamiento perseguía los siguientes objetivos: "La ejecución de las obras de infraestructura, mejora y ampliación según proyecto redactado por la oficina técnica de Obras Municipales del cementerio de Santa Lastenia, y su posterior gestión, explotación, conservación, mantenimiento, vigilancia, mediante concesión administrativa". El pliego también contemplaba "la construcción, gestión, explotación, mantenimiento y vigilancia del tanatorio y horno crematorio del cementerio de Santa Lastenia", además de "la construcción o instalación, mantenimiento y explotación de actividades complementarias, a situación dentro de los terrenos, calificados urbanísticamente de uso de los cementerios, tales como cafetería, bar, puesto de venta de flores, artículo de adorno o devociones funerarios, lápidas, sala de espera"...
La empresa concesionaria de la gestión de los cementerios hace constar un acuerdo plenario adoptado por el ayuntamiento de Santa Cruz el 30 de diciembre de 1997 que, en sesión urgente y extraordinaria, acordó "suspender por el plazo de tres años la aplicación de las tasas, revisándola en el año 2001, tomando como base las tarifas vigentes en 1997". Y va más allá al recordar que fueron precisamente los técnicos municipales quienes dejaron libre de tasa de mantenimiento los nichos de concesión por cinco años, no así el resto. Ahora, todo depende de la resolución judicial.
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