La cacería

APUNTABA la semana pasada alguna reflexión sobre la verosimilitud de que el llamado caso Gürtel, basado en hechos ciertos de corrupción (del tipo que puede encontrarse en multitud de contrataciones de organismos públicos locales, autonómicos y nacionales en cuanto se investigue un poco), obedezca a un designio político concreto y programado: organizar una enorme escandalera mediática construyendo un sumario inabarcable en su extensión que de antemano se sepa que no se esclarecerá hasta pasados varios años, con objeto de destruir cualquier asomo de imagen de honradez del Partido Popular hasta llegar a las elecciones de 2012 en pleno fragor de acusaciones, imputaciones, incidencias judiciales, única manera de neutralizar la tendencia al desplome de la intención de voto hacia el PSOE hoy en el poder.

¿Por qué es verosímil esta sospecha? Por tres pistas que permiten legítimamente la conjetura, a saber: primera, la evidente selección de los esfuerzos de la Fiscalía, dirigidos sin el menor pudor hacia el Partido Popular, con especial atención a sus mayores graneros de votos: las Comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Segunda, el diseño del ritmo de filtraciones y la selección de los medios agraciados con este favor informativo, nada casual. Tercera, la reacción de los medios favorecidos por las filtraciones, que magnifican aspectos irrelevantes, pero que tienen el picante suficiente para alimentar el escándalo, como las transcripciones del lenguaje coloquial empleado por los interlocutores en conversaciones telefónicas intervenidas, o la publicación de fotografías, con aspecto de ficha policial, de dirigentes del PP por el solo hecho de haber sido mencionados incidentalmente en esas conversaciones pinchadas.

Si existiera efectivamente una conspiración política para destruir la credibilidad del Partido Popular como la que menciono, los actores de este caso no se comportarían de manera diferente a como se están comportando. De ahí que, al menos con los datos ciertos que se poseen, la sospecha tenga, a mi entender, base más que suficiente. Los precedentes de conspiraciones de este corte son muchos y antiguos: los más talluditos recordarán sin duda una maniobra muy semejante urdida a fines de los años 60, en pleno franquismo, por el sector del Movimiento contra el sector llamado tecnocrático con el caso Matesa.

Difícil gestión

Sean las cosas como sean, el caso es que a la dirección del Partido Popular le está pasando, como suele decirse, un tren por encima, porque, en efecto, todo parece indicar que unos cuantos golfos se han estado lucrando con contrataciones sistemáticas de actos públicos, tanto del partido como institucionales allí donde gobierna el PP, otorgadas de forma que por la cuantía de las facturas se haya esquivado la obligación de convocar concurso público. Si a eso añadimos la probable existencia de regalos de esos proveedores a los que tienen la capacidad de decisión (es decir, la llave de la caja), el problema está más que servido.

Las acusaciones mediáticas son, por lo que se sabe con certeza de la parte sumarial conocida, mucho más graves que las que se deducen de las actuaciones judiciales. Hasta ahora no ha salido a la superficie ningún indicio de dos de los cargos más comprometedores: el de financiar al partido ilegalmente, y el de que exista una trama organizada por el partido a escala nacional. Más bien lo que se deduce es la existencia de unos empresarios (?) desaprensivos que han encontrado especial receptividad en algunos dirigentes locales o autonómicos que se han prestado al juego.

Gestionar este problema -porque problema es, y no menor, aun en esta dimensión más modesta que la que se imputa al Partido Popular- no es nada fácil. Mariano Rajoy está aguantando el tirón todo lo que puede, y ha preferido dar prioridad a la presunción de inocencia; Esperanza Aguirre, en cambio, desde la aparición de los primeros ruidos mediáticos, percibió el alcance de la operación y se adelantó a tomar medidas cautelares drásticas contra los que resultaron imputados. Esta diferencia de criterios, sin embargo, ha tenido algunos efectos indeseados, como alimentar la imagen de enfrentamiento entre el presidente del partido y la presidente de la Comunidad de Madrid. En el fondo, sin embargo, tal enfrentamiento no es lo principal, pues existe pleno acuerdo en el diagnóstico de fondo: el PP es la víctima de una maniobra de descrédito a la que hay que hacer frente todos unidos.

Las dimisiones, las destituciones y las presiones a dirigentes de segundo nivel para que se aparten de los ámbitos de poder por pequeño que sea, se presentan a la opinión pública como fases de una gran cacería: cuando Rajoy presiona al valenciano Camps para que destituya al secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, los titulares que aparecen en los medios amigos son de características cinegéticas: cae la primera pieza, se estrecha el cerco, etcétera. He aquí otra pista que permite conjeturar que cosas así no suceden por casualidad precisamente.

La crisis bien, gracias

Por lo demás, la crisis, bien, gracias. Ahora la vicepresidente segunda, Elena Salgado, nos anuncia que salir de ella no va a ser ni fácil ni rápido. Esta señora parece de la oposición antipatriota, pero al menos da la impresión de que ha decidido, por fin, mirar hacia la realidad. Lo desconcertante es que siga siendo vicepresidente de un Gobierno cuyo presidente se mantiene firmemente en el "pensamiento Alicia".

Hay que reconocer, sin embargo, que Rodríguez Zapatero, al no cesar en su predicción de que las cosas mejorarán, llegará un día en que, después de tocar fondo, efectivamente las cosas ya no vayan a peor porque sea imposible. Y entonces dirá a los destrozados contribuyentes: ¿lo veis? ¿Tenía o no tenía razón?

Es que no nos merecemos un presidente con tanta clarividencia.