Apenas una cuarta parte de sus potenciales beneficiarios han solicitado en Canarias la prestación de 420 euros para los desempleados que hayan agotado su prestación social. De acuerdo con los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal, hasta el pasado miércoles han sido algo más de 5.200 los parados que la han solicitado en las Islas, cuando podrían hacerlo más de 23.000. La cobrarán este mes casi 4.000.

El cómputo responde a las exigencias del nuevo subsidio tal y como está hoy contemplado, pero cabe recordar que posiblemente la próxima semana -según ha adelantado el grupo socialista en el Congreso- se aprobarán los cambios que permitirán cobrarlo a aquellos desempleados que se han quedado sin prestación desde el 1 de enero pasado, y no sólo desde el 1 de agosto, como en principio estaba contemplado.

Con esta ampliación serán cerca de 50.000 los potenciales beneficiarios en el Archipiélago a partir de noviembre, cuando se prevé que se haga efectiva. Cabe recordar que los 420 euros los cobrarán los desempleados que hayan agotado su prestación durante seis meses, periodo tras el cual el Gobierno estudiará su posible renovación.

"Es obvio que el riesgo de exclusión social se palia, aunque habría que ver la extensión del problema. Por eso estamos trabajando con los ayuntamientos para intentar hacer un censo más detallado", señala el secretario general de Economía y Políticas Sectoriales del sindicato CCOO-Canarias, Carmelo Jorge.

Reconoce que "es probable que la prestación no cubra todo", pero reclama la implicación de la Administración en "acercar el conocimiento del derecho de esta subvención, porque todavía hay mucha gente que, aun teniéndolo, no la ha solicitado".

El secretario regional de Cohesión Social de UGT-Canarias, Ramón Rodríguez, sostiene, en la misma línea, que se trata de "una aportación", aunque la considera "mínima frente a la realidad con la que estamos enfrentados y la que está por venir, ya que las previsiones apuntan a que en Canarias se superará el 30% en la tasa de paro. Esta ayuda asistencial, que se dará durante un corto periodo de tiempo, no va a dar respuesta al problema; los gobiernos central ya autónomo deben adoptar medidas preventivas que no lleven a más gente al desempleo".

Para Rodríguez, que los porcentajes de solicitantes aún sean "infinitamente bajos" se debe a la "desinformación" que "promueve" la Administración. Jorge corrobora que "cuando uno se acerca a la exclusión social, se mete en ese terreno e incluso en el de la despreocupación", y ésta puede llegar al abandono de la búsqueda de un empleo, advierte.

"Hay gente que se ha cansado de insistir, que ha llegado a la consideración de que la información que da el Servicio Canario de Empleo (SCE) -responsable de las políticas activas- es inútil", añadió el representante de CCOO, quien insiste en que la capacidad de intermediación del organismo autónomo es "sólo del 2%". Rodríguez añade que "la tasa de colocación del SCE es bajísima; tiene carencias y nunca se ha caracterizado por fomentar el empleo".

"Presión" sobre el parado

Jorge indica, además, que el SCE está recurriendo a "dividir" los contratos laborales que gestiona para generar, en lugar de uno a jornada completa, dos a tiempo parcial "y dentro de seis meses decir que ha disminuido el paro. El resultado normal es que la gente no acepte contratos inferiores a las prestaciones que venía cobrando, y no se le puede criticar por ello".

Se refiere así a las manifestaciones del director del SCE, Alberto Génova, acerca de lo "sorprendente" de que haya muchos parados, incluso sin acceso a subsidios, que rechazan un contrato laboral, un fenómeno que se ha comprometido a investigar. Además, ya ha señalado que las condiciones salariales de esos contratos no las fija el SCE, sino los convenios de cada sector.

"Se está generando presión sobre la gente que peor está, realizando una amenaza velada de que se perseguirá a quien renuncie a esas ofertas", afirmó Jorge, quien cuestionó la predisposición del Gobierno a cumplir el Pacto Social por la Economía y el Empleo, firmado en junio, aunque aclaró que su compromiso se comprobará en los presupuestos de 2010.