Los sindicatos de la educación y la sanidad volvieron a ofrecer ayer una imagen de unidad frente al proyecto del Gobierno canario -plasmado en un borrador de orden- de modificar los criterios que rigen la ordenación de las listas de reserva y que, a juicio de estas organizaciones, "vulnera los derechos de todos los trabajadores" y "provocará una inestabilidad laboral que puede repercutir de forma negativa en la calidad de los servicios públicos".
Para luchar contra esta iniciativa del Ejecutivo, los sindicatos no descartan "en absoluto" llegar a la huelga, pero, según Ramón Morales, del STEC, será algo que deban decidir los trabajadores en asambleas. "Todo tiene su proceso. Ahora estamos en la fase de información, y cuando llegue la de las asambleas, el colectivo, que está muy preocupado, propondrá medidas", dijo.
Las organizaciones sindicales arremetieron contra la política de "ordeno y mando" que, a su entender, aplica el Gobierno autónomo en este aspecto al negarse a negociar el proyecto. No obstante, el viceconsejero de Educación se comprometió la pasada semana a convocar la mesa sectorial para abordar el asunto, aunque aún no lo ha hecho. Tampoco se ha convocado en sanidad.
También calificaron de "rotundamente falso" que la modificación del sistema de listas sea una obligación legal, y recordaron que ya una sentencia judicial confirmó la legalidad de las listas actuales. Asimismo, desmintieron que en el estatuto básico del empleado público vincule las listas de reserva a los procesos selectivos.
Los sindicatos también denunciaron el recorte presupuestario en educación y sanidad. Relacionado con esto, José Ángel Amador, de Insucan, aseguró que durante lo que va de curso Educación no está cubriendo las sustituciones de los docentes de baja -se han producido 466 menos que en el 2008-2009-, y que los alumnos permanecen hasta 15 días sin profesor.