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Más de 5.000 camas turísticas que se ofertan en la Isla están fuera de la ley

Son pequeños alojamientos de apenas 4 ó 5 camas que se localizan principalmente en el Valle de Aridane y Tijarafe, y que se promocionan a través de internet. La mayoría de sus propietarios quiere legalizarlas, pero ninguna normativa los ampara por estar situadas en suelo rústico no apto para esta actividad. Llevan años así.
4/oct/09 07:49
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V.MARTÍN, S/C de La Palma

Más de 5.000 camas turísticas que se ofertan en la Isla en algo más de mil pequeños, en su mayoría, alojamientos son ilegales, según los datos facilitados a EL DÍA por asociaciones y entidades ligadas al sector, una situación que se mantienen en el tiempo y que no parece tener una fácil e inmediata resolución.

Los alojamientos, que afloraron a finales de los 90 y principios de 2000, se reparten por casi toda la Isla, aunque principalmente se localizan en el Valle de Aridane y Tijarafe. Son, en su mayoría, viviendas de tres o cuatro camas y que se promocionan a través de internet, después de que poco a poco fueran desechadas por los diferentes touroperadores debido a las dificultades para "vender" la calidad del producto.

La mayor parte se localizan en suelo rústico, no apto para esta actividad. Otras viviendas, sin embargo, cumplen con este requisito, pero se les está dando un uso no autorizado. "Algunas son auténticos palacetes, perfectamente preparadas y diseñadas, mientras que otras, muchas, no reúnen las condiciones mínimas exigibles para acoger a ningún turista", aseguran diferentes fuentes, pero "nadie se atreve ni se atreverá a intentar perseguirlas y cerrarlas o a darles una salida definitiva".

No todas las camas son puestas en el mercado por canarios o españoles. Al contrario, una parte importante de los alojamientos ilegales son de alemanes residentes o no en La Palma.

Quieren estar en regla.- Un porcentaje de los alojamientos ilegales quieren regularizar su situación. Desde el sector se asegura que "falta una figura legal, una normativa específica para este tipo de viviendas en suelo rústico, en la que además se recojan parámetros de calidad", una norma "en la que todos estamos de acuerdo, desde empresarios hasta instituciones, pero que nadie pone en marcha".

También es cierto que hay otros muchos, aunque no sean la mayoría, que quieren seguir sacando rentabilidad de la ilegalidad; es decir, que no tienen pensado estar en regla. "Lo primero es aprobar una figura legal con parámetros de calidad y luego, al que no se quiera regularizar ya se podrá atacar", afirman fuentes empresariales.

El Cabildo quiso legalizarlas.- El Cabildo Insular, a través del Plan Territorial Especial de la Actividad Turística de la Isla, intentó legalizar la oferta que se encontraba fuera de la ley, a través de la llamada norma 23. Incluso, los propietarios de más de 3.600 camas ilegales, un censo que, por cierto, todavía existe, se inscribieron de forma voluntaria en un listado para "salvar" los alojamientos.

Aquella norma se resumía en dar cobertura a todas las camas hasta que hubiera una ley específica que las regularizara de forma definitiva. Sin embargo, era el verano de 2007, Ashotel se opuso, presentó un recurso por vía judicial y los juzgados le dieron la razón, anulando las intenciones de la Institución Insular. En posteriores reuniones, la asociación empresarial ha expresado que está conforme con la legalización de los alojamientos, pero con una normativa definitiva, con parámetros de calidad claros y evitando futuras incertidumbres.

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