La nueva ley del aborto

(A la memoria de Rafael Arozarena)

EL ANTEPROYECTO que el Gobierno del PSOE pretende que aprueben las Cortes (Congreso y Senado) tiene como característica clave y fundamental que será a partir de los 16 años cuando una mujer adquiere la mayoría de edad para decidir sobre su interrupción voluntaria del embarazo, ampliando hasta las 22 semanas el plazo permitido por ley para abortar. De esta forma, el proyecto socialista considera que con esta nueva ley del aborto se conseguirá acercarnos más a la actual realidad social de España, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estado y en sintonía con los países del entorno europeo, sustituyendo a la anterior legislación, ya obsoleta, vigente desde 1985, si bien es cierto que supuso un gran avance al despenalizar el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre. Mientras tanto, la Iglesia Católica, a través de su Conferencia Episcopal, propone la movilización contra la ley al considerar que una sociedad y un pueblo que matan a sus hijos no tiene futuro.

Será la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva un paso más a favor de las mujeres que deciden abortar, si bien lo importante es no verse en la situación difícil y siempre traumática de tener que abortar, por lo que hay que seguir insistiendo que lo fundamental es prevenir y evitar embarazos no deseados, y en este objetivo es en el que nos tenemos que volcar, si bien es cierto que cuando llega el embarazo no deseado, la nueva ley supone una ayuda en el sentido que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, situando en 16 años la mayoría de edad para decidir si interrumpe o no voluntariamente su embarazo.

Se pretende así afrontar una serie de deficiencias de la ley anterior, que ya hemos tratado en diversos artículos de opinión en EL DÍA, para garantizar la seguridad jurídica que se merecen las mujeres que se someten a un aborto, que puedan hacerlo con absoluta confidencialidad, y una cuestión imprescindible para la calidad del procedimiento como es que los profesionales de la sanidad que lleven a cabo la interrupción voluntaria del embarazo dispongan de total seguridad jurídica, al mismo tiempo que endurece las condenas contra quienes practiquen abortos al margen de la ley y sin realizar los informes necesarios, agravándose el castigo contra los centros no autorizados que lleven a cabo interrupciones del embarazo y contra aquellos profesionales que realicen abortos más de las 22 semanas de gestación que limita la ley.

Un proyecto que, al tratarse de una Ley Orgánica, precisa la mayoría absoluta del Congreso y el Senado para que no sea devuelta al Gobierno. Ahora viene la ardua tarea de conseguir los apoyos parlamentarios suficientes e informar a la población española sobre la necesidad y alcance de esta nueva ley.

* Médico cirujano

jvicentegbethencourt@yahoo.es