Una disputa política no justifica su derribo

La cuestión no es: "Mamotreto sí o mamotreto no", a juicio de los intervinientes en el debate de EL DÍA de esta semana, quienes profundizan en las consecuencias del derribo de este edificio de aparcamientos que se ubica a la entrada de la playa de Las Teresitas, tanto por su coste económico, por la pérdida de expectativas que supone para el desarrollo de la zona o sobre la decisión de su desaparición, amparada en el enfrentamiento entre partidos políticos.

José Alberto Díaz-Estébanez, concejal de Economía y Hacienda y portavoz de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, consideró que el debate sobre la realidad del "mal llamado mamotreto" ya se ha producido, refiriéndose "al acuerdo unánime de todos los grupos políticos sobre el conjunto de actuaciones para el frente de la playa". Recordó que se trató de una operación "con todos los informes favorables y con unos propietarios con todos los derechos adquiridos para urbanizar el frente de playa, y el ayuntamiento decidió adquirir esos terrenos para salvarlos".

Díaz-Estébanez dijo que para llegar a la actual discusión sobre el futuro del actual aparcamiento hay que retrotraerse a un proceso previo, en el que se incluía un concurso internacional de ideas para el frente de playa, en el que han participado todas las administraciones, instituciones e incluso con una exposición pública de las propuestas, "con una elección que se produjo bajo el consenso".

Recordó que este edificio, sobre el que ahora PSC, PP y Ciudadanos pidieron en el pleno su demolición, contempla, al margen de las plazas de estacionamiento, unos pequeños espacios comerciales complementarios, una propuesta que se justifica porque el proyecto para el frente de playa refleja ampliar la zona de arena y la incorporación de áreas de ocio y equipamiento que "son esenciales", al margen de que el proyecto está interrelacionado con la canalización del barranco y la entrada al pueblo de San Andrés.

Además, el concejal nacionalista precisó que el tan discutido impacto visual de esta construcción "es cero", pues explicó que "la vía pasa por encima del edificio", por lo que también sugirió que "antes de juzgar esta obra, habría que observarla en su conjunto y ver el resultado una vez terminada".

Asimismo, remarcó que una vez que se adjudicó el proyecto, se contó con la participación de todas las instituciones, incluida la Dirección General de Costas, "que lo consiente y participa en su financiación, hasta que se produce un cambio de actitud, principalmente por motivos políticos instigados por algunas personas determinadas del PSOE en Canarias, que veían aquello como una victoria atribuible a un partido que no era el suyo, y, por ello, decidieron obstaculizarlo".

También señaló, como respuesta a "las falacias que se han esgrimido como argumentos legales y económicos en contra del edificio", que "esta actuación se ajusta al PGO, que manda en el sistema general un aparcamiento, por lo que, tirarlo es lo que iría en contra del ordenamiento, porque si no se le atribuye ese uso, lo que habría que hacer es cambiar el Plan General". Asimismo, subrayó que, si es ilegal, que "Costas lo tire como hizo con Cho Vito, pues si lo fuera, no se entiende el por qué de un acuerdo del pleno".

Además, precisó que la ocupación de parte del edificio de la zona de servidumbre, que es de competencia de la Consejería de Política Territorial, supone "un defecto administrativo subsanable".

Por todo ello, comentó que "una vez desmontados los argumentos económicos y legales, sólo quedan los argumentos políticos, que consisten en convertir este edificio en un símbolo de la derrota del grupo de gobierno en un momento de precariedad numérica en el pleno" .

Gabriel Rodríguez, miembro de la directiva de la asociación de vecinos El Pescador, de San Andrés, precisó que el mayor punto de preocupación de los habitantes de la zona radica en el futuro, las consecuencias y la creación de esa obra, incidiendo en la sensibilidad sobre las visitas a la playa en verano, "algo que nos acarrea consecuencias a la hora de entrar y salir del pueblo".

Todos los trámites

Comentó que San Andrés "ha sido tolerante con el entramado político, técnico, administrativo y judicial que se ha generado en torno a este edificio", por lo que planteó un interrogante respecto a que "si la ordenación de la playa cuenta con todos los trámites previos, por qué se tiene que desvirtuar", en el sentido de poner de relieve "el grado de decepción que genera que se realice primero la construcción y luego se aborden los aspectos legales".

Además de la inquietud por las futuras decisiones judiciales sobre este aspecto, Rodríguez indicó que si se llega a derribar el "mamotreto" surgirán dudas "sobre lo que pueda pasar ahí y qué otra alternativa va a haber". No obstante, en caso de que se mantenga el edificio, reclamó que "su uso sea para lo que se publicó en su día, ya que es uno de los aspectos que más preocupa, porque será un legado para la zona".

El representante vecinal también llamó la atención sobre las medidas a tomar en cuanto a seguridad, crecimiento de población y movimiento de personas al amparo de esta infraestructura, así como que para los posibles puestos de trabajo que se puedan generar por medio de sus servicios "se barajen a las personas desempleadas de Anaga".

No obstante, reclamó, como demanda generalizada, que la obra "sea discreta y con un menor impacto posible sobre el entorno, guardando un espacio necesario y amplio para el baño y ocio de los usuarios".

Por su parte, el coordinador del PP en Santa Cruz, Manuel Fernández Vega, expresó su convencimiento de que el mamotreto, "por coherencia política, no se va a tirar, porque si aquí todos los partidos no llegan a esa conclusión, es que algunos se han vuelto locos".

Uno de los argumento por los que el representante del PP apuesta por evitar su derribo radica "en la cantidad de dinero que se ha invertido", y que Díaz-Estébanez estimó, sin llegar a precisar una cifra exacta, "en unos 6 millones de inversión directa más los gastos generados, aparte del acondicionamiento y seguridad tras la paralización de las obras, a lo que habría que sumar el derribo, lo que alcanzaría alrededor de unos 8 millones de euros".

En este sentido, Manuel Fernández comentó que "se trata de una cifra que, con los tiempos que corren, no es para mirar hacia otro lado". El responsable de los populares en el área metropolitana centró el origen del problema en la multitud de cuestiones que se mezclaron tras la imputación del alcalde, Miguel Zerolo, en el denominado "caso Las Teresitas" y en el entramado que rodea a la compra de los terrenos y las denuncias surgidas en las parcelas de Las Huertas.

Al margen de su optimismo sobre la continuidad en el futuro de la estructura del edificio de aparcamientos, Fernández hizo hincapié "en la necesidad de que la playa cuente con servicios para los usuarios, acorde a la demanda para evitar que este espacio se muera como atractivo".

Sin embargo, criticó el hecho de que a estas alturas "ha faltado información sobre el destino de este edificio y en qué consiste, con el fin de evitar las consecuencias de las criticas vertidas sin datos o argumentos".

Como moneda política

El decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, Virgilio Gutiérrez, comentó que en un contexto social como el actual, plagado de problemas importantes y el drama de la población que sufre las consecuencias de la crisis económica, "muchos ciudadanos vemos el tema de los aparcamientos como una simple moneda de discusión política. Santa Cruz tiene otros problemas que deben ser atendidos. Uno podría ser dar respuesta a la aspiración de los ciudadanos de recuperar y facilitar su acceso y contacto en todo el borde litoral de la ciudad", describiendo todos y cada uno de los problemas de cada espacio de costa.

Por ello, considera que tras más de cuatro décadas de demanda ciudadana ya existe "un problema grave de gestión, en el que esperemos queden a un lado las disputas políticas en el ayuntamiento para afrontar de una vez por todas estas aspiraciones".

Al margen de los motivos económicos o legales que se han esgrimido para reclamar el derribo de este edificio, también se han alegado cuestiones de carácter estético, como las planteadas por el concejal del PP, Alfonso Soriano, quien no ha ocultado su rechazo al edificio de estacionamientos y reclamar una playa lo más virgen posible.

Con relación a este posicionamiento, José Alberto Díaz-Estébanez dijo que "la estética es muy subjetiva, por lo que está al albur de cualquier nueva mayoría" que pueda ejercer cambios sobre actuaciones ya realizadas. Por ello, remarcó lo que calificó "un principio elemental en la administración, que es la responsabilidad en la continuidad en la gestión, de manera que los proyectos no dependan del gusto personal para su derribo o no". En este sentido, indicó que hasta el momento se ha hablado del derribo, con tres fuerzas políticas que se han puesto de acuerdo, aunque reprochó que "no se hayan formulado alternativas. Esa es la tragedia de lo que está ocurriendo".

En este contexto, defendió la coherencia de Ciudadanos de Santa Cruz, que han mantenido desde un principio una postura que la siguen defendiendo, "pero en el PP y el PSOE ni por asomo". Los socialistas estuvieron de acuerdo con la compra-venta de la Playa de Las Teresitas y participaron en el concurso de ideas, aunque se eligiera otro proyecto.

"Demolition Man"

Dijo que, en aquella época, "también se contó con el apoyo del PP, respaldo que se volvió a producir en todas las decisiones en la etapa de Cristina Tavío, algo que ha ocurrido hasta 2007". En cuanto a los momentos actuales y sobre la postura del PP, remarcó que el único cambio que se ha producido "es que han cesado a algún señor que ha perdido el sueldo y el cargo, y ahora dice que no a todo. Ha pasado de ser el pibe de Ofra a ser Demolition Man. Es la postura de un señor, y no la de un partido, porque la presidenta insular ha dado su versión sobre este aspecto, ratificada por la presidencia regional. Por lo tanto, esto es una vendetta personal de un señor", en clara referencia a Ángel Llanos.

Además, Díaz-Estébanez dijo que desde las filas populares no se puede alegar desconocimiento del proyecto y de su realidad, porque se contaba con la participación del Gobierno de Canarias, que aportaba una partida de su presupuesto, a través de la Consejería de Turismo, precisamente dirigida por el PP. También reconoció que debió haberse solicitado un permiso por la circunstancia de tocar la zona de servidumbre, "algo subsanable; pero no se puede considerar un argumento para justificar el derribo, que a su vez se ha convertido en el elemento esencial para una causa judicial abierta".

Virgilio Gutiérrez añadió que ampararse en argumentos estéticos para defender el derribo "es en sí mismo la sinrazón del argumento". En este sentido, si la población aspira a un proyecto diferente, "habrá que conocerlo para superponerlo a lo construido, para determinar lo más racional a la nueva idea". Indicó que "es tremendamente triste que una zona como San Andrés lleve décadas prácticamente igual o peor, pues ahora es un entorno degradado, deteriorado y afectado por unas obras paradas y pendientes de un proceso judicial, y quien lo sufre es el ciudadano". Así, precisó que la petición del derribo del edificio de aparcamientos "es una moneda de cambio en una discusión política, y los ciudadanos se merecen ser el objetivo claro de esas disputas, pues las cosas van a peor".

En cuanto al ordenamiento del litoral, el responsable de CC dijo que "a diferencia de otros, nosotros sí sabemos lo que queremos, como en el caso del puerto capitalino, donde proyectamos eliminar la muralla de contenedores, algo que hace necesaria la alternativa y complementariedad con el muelle de Granadilla". Explicó que, mientras, "los otros se dedican a decir que no a todo y sin plantear propuestas".

Sin embargo, el decano del Colegio de Arquitectos abogó por la necesidad de establecer plazos que garanticen a los ciudadanos tener cumplidas esas aspiraciones, "pues pasan décadas y estamos en una coyuntura de crisis económica donde estas situaciones no hacen más que enfangar las alternativas".

Otro de los argumentos esbozados en el debate se circunscribió a las reacciones sociales que siempre se generan como corrientes contrarias ante los proyectos que pueden cambiar la fisonomía de una ciudad o de un espacio concreto, como ha ocurrido en los casos del tranvía, el auditorio, recinto ferial, y otros, una realidad a la que Virgilio Gutiérrez reaccionó señalando que "tenemos una conciencia inmovilista y somos muy conservadores para la toma de decisiones. La ciudad siempre se ha escrito como superposiciones de proyectos y de mentalidades de épocas diferentes, y eso hay que saber respetarlo".

En este contexto, dijo que prefería expresar su rechazo "a la palabrería y los tópicos que evitan que la ciudad pueda crecer en bienestar", y es que desde su punto de vista "Santa Cruz es una ciudad estancada en el progreso del bienestar".

El no a todo

Gabriel Rodríguez también consideró que hay una cierta tendencia a expresar "un no a todo", que desde su punto de vista "tiene su punto de partida en las propias organizaciones políticas", argumento que respaldó el representante del PP, Manuel Fernández, quien también cree que entre esas organizaciones "las hay que no tienen representación", por lo que remarcó que "es una temeridad que un político se mueva en función de la presión que puedan ejercer determinados colectivos".

En el caso de Las Teresitas, las manifestaciones que se han convocado para rechazar el proyecto establecido "han sido protagonizado por un sector minoritario, muchos colectivos vinculados al movimiento ecológico y de fuera del ámbito territorial de Anaga".

El representante de la asociación de vecinos El Pescador comentó que en el pueblo de San Andrés "estaríamos dispuestos a dejar las puertas abiertas a la posibilidad de que los complejos que se radiquen en el proyecto del futuro aparcamiento vayan en beneficio de los habitantes de Anaga, de manera que planteen puestos de puestos de trabajo y servicios", al margen de que para los habitantes de esta zona también se les pueda facilitar descuentos en los mismos.

Sin embargo, ahora todo se cierne en torno a la espera por una decisión judicial pendiente; a la aplicación del acuerdo plenario, pero la preocupación reinante es: "Tirarlo ¿para qué? Y, "¿con qué alternativas?"

Texto: EL DÍA Fotos: JESÚS ADÁN