Manuel Fernández Vega, responsable del PP en la capital, remarcó que la realidad a día de hoy "es que CC está en minoría en la corporación municipal", por lo que afirmó que "en este momento hay que buscar el mayor consenso para sacar adelante los grandes proyectos de la ciudad". Sin embargo, consideró que este acercamiento entre todas las fuerzas políticas "es muy difícil de conseguir si se utilizan frases como que la forma de actuar de Llanos se justifica porque le han quitado el sueldo". De hecho, comentó que la dirección del PP a nivel regional "se ha pronunciado ya a favor de estudiar la situación del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, para salvar la parte de construcción subterránea, moderando su mensaje sobre el mismo, de manera que desde el Consejo Rector de Urbanismo se retome el tema". Por contra, reflexionó diciendo que "con enfrentamientos, los mayores perjudicados serán los ciudadanos". Por ello, reclamó "calma y moderación" en el mensaje de los partidos, para solventar los problemas actuales. José Alberto Díaz-Estébanez dijo que ahora hay una propuesta de derribo, "pero no una alternativa, con los daños patrimoniales que implica y los cambios fundamentales en el proyecto". Además, Virgilio Gutiérrez llamó la atención sobre el marco jurídico en que se encuentra el proyecto, que dijo "está por encima de todas estas cuestiones". El responsable del Colegio de Arquitectos puso de relieve que el derribo implica el coste del desarrollo del proyecto; el de ejecución, la cuantía directa por la demolición; el desarrollo de un nuevo proyecto con su programación de costes indirectos y los nuevos de construcción. Por ello, afirmó que "plantear la demolición argumentada en términos estéticos y sin un proyecto alternativo que emane de una razón seria y rigurosa, es absurdo y una frivolidad, desde el punto de vista ciudadano y técnico". Sin obviar que se pueda producir un cambio de voluntad o de iniciar el proyecto, "no pasaría nada si beneficia a todas las partes, pero un planteamiento que emana de una disputa política sin un argumento sólido es un absurdo". Gabriel Rodríguez insistió en "el exceso de burocracia como sistema de gestión, que ralentiza todo avance". Explicó que "vista la crisis actual, cualquier vecino estará a favor de no derribar el edificio una vez que está hecho, pues los presupuestos están ahí y el gasto ya está hecho, algo que no se sostiene por mero sentido común". Es más, apuntó que hasta que no esté construido en su totalidad "no sabremos si va a impactar". En este sentido, el decano del Colegio de Arquitectos, que recordó que la institución que dirige fue la única que se opuso al proyecto de Perrault, "pues defendíamos la opción cero para la playa", precisó que una vez tomadas las decisiones "hay que volcar las energías para que salgan las cosas adelante, de la manera más rápida, pero es que casi nueve años después aún se está poniendo en duda un proyecto. Las cosas no son eternas y se cambian en varias décadas, si no hacemos nada nos comen los bichos en Santa Cruz".
